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Astronautas del Mar Menor

Durante años se hizo la vista gorda para no perjudicar a la agricultura sin ver, aún hoy, que el deterioro del Mar Menor es la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos

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Domingo, 17 de diciembre 2017, 08:13

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En las vísperas de la presentación de la denuncia de la Fiscalía, el astronauta Pedro Duque divulgaba en las redes sociales una espectacular foto del Mar Menor tomada desde la estación espacial internacional. Frente al intenso azul del Mediterráneo, nuestra laguna lucía verdosa. Muchos usuarios de Twitter interpretaron la hermosa imagen como una prueba inequívoca de su deterioro. Pocos repararon en que la fotografía, como se especificaba, databa de 2011, y en que los ríos o las lagunas no muestran el azul marino de los grandes mares porque su profundidad es mucho menor. (La intensidad del azul depende de cuánta agua haya para absorber la luz solar). Por eso, el Mar Menor nunca se verá tan azul como el Mar Mayor desde el espacio. Lo observaremos con mayor palidez o con un verde más intenso cuanto más proliferen, como sucedió en los últimos años, las algas microscópicas por el vertido de nitratos agrícolas. En 2016 ya pudimos constatar, con imágenes subacuáticas de los naturalistas de Anse, hasta qué punto este proceso de eutrofización había disminuido la visibilidad. Y cómo esa pérdida de luz y oxígeno esquilmaba la flora del fondo, poniendo en riesgo la cadena trófica. Esa catastrófica sopa de nutrientes estuvo acumulándose durante años hasta que se puso biológicamente en ebullición por la subida de temperaturas del calentamiento global. En 2010, un año antes de la foto del astronauta, la Confederación Hidrográfica ya había cuantificado en el Plan de Cuenca del Segura que las conocidas filtraciones subterráneas y los vertidos superficiales, intencionados o como producto de escorrentías, alcanzaban entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Pero la respuesta del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, fue negar el rigor de los datos y acusar de alarmismo a quien los lanzaba. «El Mar Menor está mejor que nunca», aseveró. La CHS diagnosticó el problema, pero tampoco puso en marcha ninguna de las medidas correctoras que planificó. Por desidia, por falta de dinero o por no perjudicar a la agricultura. Solo a partir de 2013 la CHS comenzó a abrir expedientes por los pozos ilegales, sin que aún hubiera trascendido públicamente la existencia de cientos de desalobradoras en fincas de particulares o de empresas que lanzaban salmuera con nitratos al Mar Menor. La denuncia de la Fiscalía no está exenta de críticas a las consecuencias medioambientales del proceso de transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, pero no abre una causa general, como ocurrió en el sobreseido caso por la contaminación del Segura, fruto de una denuncia genérica de un partido, sino que delimita la posible comisión de delito medioambiental y prevaricación continuada a 13 ex altos cargos y 24 agricultores y empresas. Es a la juez a quien corresponde determinar si esos hechos y actuaciones merecen reproche penal y cuál es la responsabilidad jurídica de cada uno de los señalados. Con todas las garantías para los acusados, debe hacerlo caiga quien caiga. Esa tarea judicial no excluye el debate social sobre la gestión del problema, las consecuencias dramáticas para el Mar Menor y las medidas correctoras para mitigar en la medida de lo posible un desastre consentido, según el fiscal. Y en esa discusión pública hay que incluir también el futuro de la industria agroalimentaria porque a la falta de recursos hídricos se suma ahora un golpe reputacional.

Si la razón de unos y otros para mirar a otro lado era no perjudicar a la competitiva agricultura del Campo de Cartagena no se pudo ser más torpe y miope. El deterioro del Mar Menor es hoy la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos, que tienen en cuenta cada vez más los criterios de sostenibilidad al decidir qué productos adquieren. ¿Cómo van a reaccionar los compradores del Reino Unido cuando sepan que una multinacional con capital británico presuntamente arrojó entre 2012 y 2016 al Mar Menor salmuera con nitratos sin depurar en una cantidad equivalente a 767 piscinas olímpicas? ¿Cuál será el efecto reputacional y económico cuando a lo largo de la investigación judicial salgan a la luz fotografías de desalobradoras ocultas en zulos subterráneos o de cientos de tuberías pinchadas a un salmueroducto inconcluso que vierte a un ecosistema de altísimo valor, teóricamente protegido por múltiples figuras jurídicas? ¿Afectará injustamente este potencial estigma sobrevenido a la mayoría de empresas de la Región, que destacan por sus buenas prácticas agrícolas? Por lo visto, nadie pensó en las consecuencias durante el Gobierno de Valcárcel y en la última etapa de la CHS del Ejecutivo de Zapatero de tanta irresponsable inacción.

La nueva Política Agraria Común se centrará en la sostenibilidad. La UE ya no solo pedirá a la agricultura que respete las leyes que protegen el medio natural, sino que se convierta en un verdadero agente medioambiental. Se puede dedicar el tiempo que se quiera a especular por qué el presidente de la CHS, habiendo sido director general del Agua durante casi todo el mandato de Cerdá, no está señalado en la denuncia. O a debatir de dónde saca el fiscal, sin acreditar la fuente como hace profusamente en el resto de su escrito, que hay más de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena. El asunto de fondo es cómo se adaptará nuestra exitosa agricultura a las exigencias medioambientales de una UE que, además, apuesta por controlar la demanda del agua.

Desde todos los puntos de vista, la prioridad regional debe ser recuperar el Mar Menor. Con eficacia, rigor y sin más urgencias que las medioambientales. Sabiendo que el acumulativo deterioro quizá sea irreversible porque el medio natural, aunque goce de sus propios mecanismos de plasticidad y recuperación, no se puede modular a voluntad. Es posible paralizar el daño y tomar medidas correctoras, pero restañar el deterioro infringido quizá lleve décadas y sin garantías de que el paciente en estado crítico recuperará un buen estado de salud. Así ocurre en todos los ecosistemas, especialmente en los más vulnerables, como se sabe desde hace muchas décadas en todo el mundo. Aquí, algunos responsables políticos siguen sin poner los pies en la tierra, acuciados por otras cuitas y pensando en su foto desde su particular atalaya orbital.

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