La Asamblea traslada a San Esteban una protesta formal por reclamarle sus cuentas

La Cámara considera «una injerencia impropia de un sistema con separación de poderes» que Hacienda le diga cómo y cuándo debe liquidar su presupuesto

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

Una liquidación presupuestaria lleva a un inédito choque de poderes en 35 años de autonomía en la Región de Murcia. El Legislativo, o lo que es lo mismo, la Asamblea Regional, ha enviado esta semana una protesta formal al Ejecutivo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por la orden emitida por su Consejería de Hacienda que le obliga a liquidar sus cuentas anuales como si fuera un órgano más de la Administración murciana. En el informe elaborado por sus letrados para replicar a Hacienda, el Parlamento reivindica ante San Esteban su independencia y defiende su fiscalización directa por parte del Tribunal de Cuentas, como viene sucediendo en las últimas tres décadas.

La orden del pasado 2 de noviembre, publicada seis días más tarde en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dispone en los puntos 3 y 4 de su artículo 26 que la Asamblea deberá remitir a Hacienda antes del 20 de marzo de 2018 sus cuentas anuales, aprobadas por la Comisión de Gobierno Interior. Añade que antes del próximo 25 de enero deberá hacer lo mismo con la liquidación provisional del presupuesto de gastos e ingresos, con las modificaciones de créditos detallados «con el máximo nivel de desagregación».

La respuesta del Parlamento ha sido enviar al consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, una queja formal al considerar que su orden «lesiona el principio de autonomía financiera» que le asiste. Además, traslada el «profundo malestar de la Cámara ante lo que ha de considerarse una injerencia en su capacidad de autoorganización de los trabajos y competencias» de sus órganos, «impropia de nuestro sistema parlamentario que se fundamente en el principio de separación de poderes», dice el informe de la Secretaría General de la Cámara. Por último, pide al Consejo de Gobierno que modifique la orden de Hacienda, «suprimiendo de la misma los puntos 3 y 4 del artículo 26».

El informe de los letrados plantea a la Mesa de la Asamblea que, en caso de que la Comunidad no reconsidere la situación, deberá revisar la conveniencia de plantear «el correspondiente conflicto institucional por los cauces que en su momento se estimen oportunos», incluida la vía de derecho, para evitar que el Ejecutivo «continúe interfiriendo la autonomía parlamentaria» y siga considerando la Asamblea como «'un departamento' más de la Administración autonómica».

En el Consejo de Gobierno dijeron ayer estar sorprendidos por la actuación de la Asamblea. «No entendemos la polémica. El interventor de la Consejería nos indica que todos los años se hace así, porque la Asamblea es una sección más del presupuesto regional y desde aquí se envía al Tribunal de Cuentas. Nunca ha puesto reparos. Si este año no es así, pues se mandarán las cuentas sin las de la Asamblea y que esta responda directamente ante el Tribunal de Cuentas», informó la consejera de Transparencia y Portavoz, Noelia Arroyo.

La Comunidad no tiene previsto cambiar la orden sobre liquidaciones del ejercicio en curso, como le piden desde Cartagena. Por su parte, la Asamblea contesta con su informe jurídico a la orden de Hacienda, para evitar incurrir en una ilegalidad: recuerda que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Tribunal Constitucional les otorga autonomía financiera. «No corresponde al Consejo de Gobierno determinar cómo y cuándo tiene la Asamblea Regional que aprobar sus cuentas anuales, que no están sometidas al control de aquel ni tienen por qué ser remitidas al mismo», concluye.

Peñalver: «Es una invasión constante del Ejecutivo»

La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, aseguró que la orden de Hacienda supone «una invasión total de competencias que ni el Gobierno de España hace en el Parlamento de Cataluña, tras la aprobación del artículo 155. Sufrimos una invasión constante», denunció. Los letrados del Parlamento no solo invocan a la separación de poderes sino también a la ley regional de Hacienda y al propio Estatuto de Autonomía, que reconoce la autonomía financiera de la Asamblea, que envía al Tribunal de Cuentas sus liquidaciones anuales. «A la Comunidad se envían por pura cortesía, como seguiremos haciendo, pero no por obligación», dijo Peñalver.

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