La Asamblea pide por unanimidad más unidades de atención a víctimas de violencia de género

Reclama la implantación progresiva de juzgados con competencia exclusiva en esta materia en todos los partidos judiciales

EPCARTAGENA

El Pleno de la Asamblea Regional dio luz verde este jueves por unanimidad a las conclusiones de la Comisión Especial contra la Discriminación y la Violencia de Género, en las que se pideron más unidades de atención y asistencia a víctimas de este tipo de violencia.

La presidenta de la comisión, Isabel María Casalduero, afirmó que las conclusiones a las que han llegado tras el trabajo de la comisión son "un primer paso, aunque queda mucho por hacer".

Entre las conclusiones destaca la creación en todos los centros de la Policía Nacional, los Servicios de Atención a la Familia (SAF), y en los que fuera materialmente posible de la Guardia Civil, los Equipos de Mujer y Menor (Emume), debiendo prestar servicio todos los días de la semana; mejorar la asistencia postdenuncia y el seguimiento tanto a víctimas como a agresores, y ahondar en la atención a las víctimas una vez haya finalizado el proceso judicial.

Además, reclaman la implantación progresiva de juzgados con competencia exclusiva en materia de violencia de género en todos los partidos judiciales, y que en dichos juzgados se establezcan "funciones de guardia", evitando así la victimización secundaria que actualmente sufren las mujeres.

En prevención proponen ahondar en ella con campañas de sensibilización para aumentar la visibilidad del maltrato que, cada vez, adopta formas más sutiles y difíciles de detectar y la realización de campañas de sensibilización y prevención específica dirigidas a jóvenes.

En materia laboral quieren fomentar la implantación de planes de igualdad y responsabilidad social corporativa como uno de los ejes esenciales en las políticas de gestión empresarial, incentivar en las empresas el desarrollo de políticas de flexibilidad laboral y conciliación, la revisión de todos los convenios colectivos y hacer valoraciones de los puestos de trabajo para corregir la brecha salarial y la discriminación, entre otras.

Por último, entre las conclusiones que destacan en materia de políticas públicas se encuentra la reclamación de la inclusión de las parejas homosexuales en el ámbito de la normativa contra la violencia de género.

Así como aumentar la red de atención a mujeres víctimas con la puesta en marcha de más centros CAVI e incorporar en estos centros asesoramiento jurídico desde los Colegios Oficiales de Abogados; garantizar en el centro de emergencias 1-1-2, la presencia en horario nocturno de trabajadores sociales de manera que la víctima pueda disponer de los recursos que le corresponden al interponer la denuncia o impulsar la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad, encargado de realizar estudios específicos en materia de igualdad.

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