Un arrepentido de 'Púnica' afirma que Barreiro contrató mejoras de imagen

Pilar Barreiro./Óscar del Pozo
Pilar Barreiro. / Óscar del Pozo

Javier Bueno, exempleado de empresas de la trama, desmiente a la exalcaldesa de Cartagena y declara que los trabajos no eran institucionales, sino que tenían carácter personal

R. F. / AGENCIAS MURCIA.

La declaración prestada ayer por Francisco Javier Bueno, quien fue 'mano derecha' de uno de los presuntos líderes de la 'trama Púnica', Javier de Pedro, ensombreció de repente las buenas perspectivas que en los últimos tiempos venían surgiendo sobre un posible sobreseimiento de los cargos contra la exalcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro.

El testimonio de Bueno, considerado uno de los principales arrepentidos del 'caso Púnica', vino a apoyar las sospechas existentes sobre la presunta contratación por parte de Pilar Barreiro de trabajos para la mejora de su reputación personal, que en el año 2014 estaba especialmente afectada por su imputación en las diligencias de 'Novo Carthago'. Esas labores se habrían abonado supuestamente con cargo a las arcas públicas, camufladas en apariencia como contratos publicitarios sobre las fiestas de Carthagineses y Romanos y sobre la exposición del tesoro de la Mercedes.

El antiguo colaborador en empresas de la 'trama Púnica' manifestó ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que hubo una primera reunión en junio de 2014 (un año antes de las elecciones municipales) en la que participaron Barreiro, el que fue su jefe de gabinete, Francisco Ferreño, y Alejandro de Pedro, donde se cerró un primer contrato de plan de medios para posicionamiento de noticias 'online'.

El periodista Vaquer, que fue despedido por publicar una noticia negativa de la primera edil, pidió declarar por videoconferencia

Según señalaron fuentes próximas al proceso, Bueno explicó que tres meses después, en octubre, se celebró un segundo encuentro, en las cercanías de la sede consistorial de Cartagena, esta vez solamente entre Bueno y Ferreño. En esta reunión se habría acordado aumentar los servicios con una de las empresas del entramado de 'Púnica'. En concreto -siempre según las manifestaciones de Bueno-, Ferreño le comunicó el visto bueno de la entonces regidora a la oferta formulada por De Pedro, que le recomendó no solo posicionar contenidos en un periódico digital para mejorar la imagen de Barreiro, sino además generarlos por sus propios periodistas, por considerar que esa opción era más efectiva.

Las mismas fuentes precisaron que la magistrada instructora hizo especial hincapié en conocer si estos trabajos eran de mejora de imagen personal o bien estaban relacionados con la labor institucional de Pilar Barreiro en el Consistorio, a lo que Bueno respondió que fue algo de carácter personal.

El testigo, que trabajó para Madiva Editorial, una de las empresas del experto informático, eludió entrar en detalles acerca del pago de facturas ni de los importes de las mismas, puesto que señaló que esa no era una competencia suya.

Aunque la Fiscalía solicitó semanas atrás el archivo de las diligencias existentes contra la actual senadora del Grupo Mixto -tuvo que dimitir como parlamentaria del PP-, las manifestaciones de ayer de Francisco Javier Bueno la sitúan ahora en una posición más comprometida.

Los dos letrados de Barreiro, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, se mostraron especialmente incisivos con el arrepentido cuando la juez abrió su turno. A resultas de sus preguntas, Bueno declaró en varias ocasiones no recordar detalles concretos sobre los contratos suscritos con el presunto beneplácito de la entonces alcaldesa.

La juez también citó como testigos a una concejal del PP de Cartagena, Carolina Palazón, y al periodista al que contrató presuntamente la trama, Isaac Vaquer, quien pidió declarar por videoconferencia al encontrarse fuera de la península. Este profesional fue despedido por publicar una noticia negativa de Barreiro.

Tras esta toma de declaración, la magistrada podría adoptar una decisión definitiva sobre esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

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