Anticorrupción quiere que se investigue el patrimonio del exalcalde de Caravaca

El entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, durante un registro de los UCO en 2013./Nacho García /AGM
El entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, durante un registro de los UCO en 2013. / Nacho García /AGM

El fiscal Lozano reclama que se impute a Domingo Aranda y al exconcejal Amador López por presunta falsedad en expedientes urbanísticos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

«Nadie se dedica a realizar este tipo de prácticas delictivas si no existe algún espurio interés». Con ese argumento justifica el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, la petición que ha cursado a una juez de Caravaca de la Cruz para que ordene investigar el patrimonio del exalcalde de esa localidad, Domingo Aranda, y del exconcejal de Urbanismo, Amador López, quien durante unos años ejerció además como director general de Medio Ambiente en la Administración regional. Lozano también reclama que los dos antiguos altos cargos del PP sean citados como investigados -imputados- por estas diligencias, que se derivan del 'caso Roblecillo' de supuesta corrupción urbanística y que son conocidas como la 'pieza separada Acal'.

En un informe al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, remitido después de analizar correos electrónicos y otras evidencias, el fiscal considera que existen indicios de la comisión de supuestos delitos de falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación, entre otros posibles ilícitos penales. En concreto, se refiere a que dos abogadas de la firma jurídica Acal, contratada por el Ayuntamiento caravaqueño para labores de asesoramiento legal, habrían redactado supuestamente «informes de complacencia», o 'a la carta', con el fin de respaldar la adopción de determinadas decisiones políticas.

Siempre según el relato que efectúa el representante del Ministerio Público, las presuntas ilegalidades cometidas desde la Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo, en los tiempos en que estaban respectivamente encabezadas por Domingo Aranda y Amador López, habrían consistido en «tomar decisiones sobre proyectos sin asesoramiento jurídico alguno».

«Nadie se dedica a este tipo de prácticas delictivas si no existe algún espurio interés», sostiene Juan Pablo Lozano

Planes urbanísticos

Estas situaciones se habrían producido en expedientes urbanísticos como los referidos a un plan especial de ordenación viaria en el entorno del acceso a la Autovía del Noroeste C-415, en el plan parcial Los Molinos, en el proyecto de urbanización del Centro Multifuncional de la Cultura, en la Modificación Puntual nº 1 Camino de Mayrena y en el proyecto de urbanización UA 6.1 Archivel.

Las diligencias contienen diversos correos electrónicos que apuntarían a que, por parte de técnicos municipales, se habría solicitado de Acal la supuesta elaboración de informes técnicos que sirvieran para justificar determinadas decisiones. Esos documentos «muchas veces habrían sido añadidos posteriormente» a los expedientes, poniéndoles fecha anterior al momento en que realmente fueron redactados, esto es, «de forma antedatada para simular su preexistencia a la decisión política».

No hubo advertencia

Aunque esos correos se cruzan entre funcionarios municipales y las letradas de Acal asignadas al Consistorio caravaqueño, Lozano da por hecho que «de dicha práctica era conocedor el concejal de Urbanismo, como necesariamente el alcalde y el secretario municipal». Ninguno de ellos habría advertido al resto de concejales del PP ni a los de la oposición de que determinadas decisiones se estaban adoptando sin la preceptiva existencia de informes jurídicos, que presuntamente se añadían a posteriori.

Esa aparente actuación de quienes en esos años -2009 a 2012- ocupaban esas responsabilidades públicas justifica, en opinión del fiscal, que se proceda a investigar el patrimonio del exalcalde Aranda, del exconcejal Amador López y de dos técnicos municipales, en la convicción «de que nadie se dedica a realizar este tipo de prácticas delictivas si no existe algún espurio interés».

Lozano alberga sospechas de que dos de esos técnicos, un ingeniero y un arquitecto, «podrían estar dedicándose a la actividad privada, incluso sin autorización del Pleno municipal, desarrollando proyectos en otros municipios en los que informan». Por último reclama que se les tome declaración a todos ellos en calidad de investigados.

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