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Desembarco en Cartagena de los inmigrantes rescatados ayer por el buque 'Clara Campoamor'. J. M. R. / AGM
Aluvión de críticas al Gobierno por enviar a los inmigrantes a una cárcel

Aluvión de críticas al Gobierno por enviar a los inmigrantes a una cárcel

Interior justifica el uso de la prisión de Málaga, que no tiene agua corriente, para resolver de forma temporal la falta de plazas en centros de extranjería

LA VERDAD

CARTAGENA

Miércoles, 22 de noviembre 2017, 03:17

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El uso de la cárcel Málaga II, en Archidona, para acoger a 464 inmigrantes llegados en patera a Cartagena el fin de semana, le acarreó ayer al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, críticas del PSOE, de Podemos, de la Junta de Andalucía, de los sindicatos y de ONG como Andalucía Acoge. Zoido adujo que el único propósito de esa medida era atajar «el colapso del sistema» de acogida. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, añadió que se trata de algo «provisional» y autorizado por tres juzgados de Cartagena, uno de Murcia, uno de Lorca y otro de Molina de Segura. Su homólogo en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, justificó el traslado porque los centros de internamiento de extranjeros (CIE) están totalmente ocupados por 'sin papeles' llegados en anteriores oleadas.

Zoido defendió, en una entrevista en Onda Cero, que «no podemos consentir que la llegada de tantos inmigrantes nos obligue a ponerlos en libertad», en vez de «tramitar la devolución a sus países de origen». Así descalificó la liberación de 60 personas llegadas a Cartagena a principios de mes, cuando aún era delegado del Gobierno Antonio Sánchez-Solís, relevado en el puesto por Bernabé. El ministro apostó por «conjurar el 'efecto llamada'», pero de forma «humanitaria, en un centro con la última tecnología y equipado con medios sanitarios, duchas, vestuarios, calefacción, camas, campos de deportes e incluso salas de televisión». La alternativa, dijo, sería tenerlos «metidos en campamentos, como en otros países».

Zoido subraya que la medida busca evitar «el colapso» del sistema de internamiento y conjurar el 'efecto llamada'

PSOE y Podemos creen «ilegal» el internamiento, mientras en la Región el PP se felicitaba por la eficacia del dispositivo

Quejas policiales

Los 285 inmigrantes que pasaron sus primeros tres días en España en un polideportivo de Santa Lucía (Cartagena), ya durmieron anteanoche en Málaga, con otros 200 compatriotas llegados del resto de la Región.

El dispositivo de traslado generó malestar dentro del propio Cuerpo Nacional de Policía, debido a la «precariedad» con la que tuvieron que hacer su trabajo los agentes y las situaciones generadas por la «falta de planificación». «Algunos llevan más de 30 horas de servicio y no les han dado una simple habitación donde dormir», aseguraron fuentes policiales.

La cárcel Málaga II carece de agua corriente. Su inauguración lleva seis meses de retraso. «Pregunten al organismo competente, pero agua de la red municipal no tiene», indicó el teniente de alcalde, Miguel Cebrián. La alcaldesa, Mercedes Montero, consideró «grave y lamentable» la situación y denunció la «improvisación» del traslado. Asimismo informó de que espera una visita del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para mañana. Mientras, en Cartagena se teme que lleguen más 'sin papeles', lo que daría otro apretón de tuerca al problema.

El Gobierno andaluz calificó de «inadecuada» la cárcel para albergar a inmigrantes en vías de expulsión y la Oficina del Defensor del Pueblo en Andalucía informó de que ha comenzado a recibir las primeras quejas. En una de ellas, Andalucía Acoge exigió «la libertad» de los extranjeros. Por su parte, Comisiones Obreras indicó que «es un retroceso para los derechos humanos».

«Vulnera sus derechos»

El asunto no solo despierta polémica en la Región de Murcia y en Andalucía. Tanto PSOE como Podemos a nivel nacional tildaron de «ilegal» el confinamiento de los inmigrantes en una cárcel. Para los socialistas, la privación de libertad hasta su repatriación «no puede tener carácter penitenciario, tal y como figura en la Ley de Extranjería y en las normas de funcionamiento de los CIE». Por eso pidieron la comparecencia de Zoido en el Congreso. «Estas personas no son delincuentes y no merecen ir a una prisión», indicaron. Por su parte, Unidos Podemos añadió que tener a los inmigrantes en la cárcel «vulnera los derechos humanos».

Ayer, en la Región de Murcia fue día de hacer balance del operativo que ha resuelto esta crisis de inmigración. El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, informó de que 1.500 personas tomaron parte en el dispositivo entre policías nacionales (500), guardias civiles (250), funcionarios de justicia (80), voluntarios de Cruz Roja (150) y funcionarios municipales (80). Por eso agradeció la implicación de todos ellos. Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, manifestó que la ciudad «mostró su capacidad para resolver la situación».

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