Pedro Antonio Sánchez alega que no fue consciente de actuar «contra derecho» en el Auditorio

Pedro Antonio Sánchez abandonando los juzgados tras declarar ante el juez del 'caso Auditorio'.
Pedro Antonio Sánchez abandonando los juzgados tras declarar ante el juez del 'caso Auditorio'. / Nacho García / AGM

El fiscal rebate al juez Pérez-Templado y sostiene que «no puede aceptarse como hecho la afirmación de que todo el dinero está en la obra»

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Más de una treintena de folios engrosan el recurso con el que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez pretende evitar su camino hacia el banquillo por el 'caso Auditorio'. En esas 36 páginas, el máximo responsable del PP regional y diputado en la Asamblea rebate los argumentos que empleó el magistrado Julián Pérez-Templado para procesarle por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a ente público y fraude de subvenciones cometido en el proceso administrativo para levantar el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras.

En ese escrito, la defensa del expresidente repite los argumentos que ya había esgrimido para tratar de evitar su procesamiento: que los seis millones están invertidos en el edificio, que el objeto de la subvención era construir un centro cultural y eso se cumplió y, por último, que existía una sentencia de un juzgado de lo Contencioso que avalaba la legalidad del proceso.

«Para que un alcalde consiga su propósito, toda la pléyade funcionarial a su cargo debe despreciar la legalidad», afirma Lozano

Esta parte hace hincapié en que esa resolución ya reconocía que el anteproyecto presentado por el arquitecto Martín Lejarraga «nada tiene que ver con el proyecto presentado a concurso» y que, por tanto, este no fue adjudicado «'a dedo'» y «de forma completamente irregular», como sostiene el magistrado instructor. «Ambos concursos son diferentes», subraya. «Cualquier irregularidad previa, que no se dice que exista, quedaría completamente subsanada con la convocatoria de un concurso que ha sido declarado ajustado a derecho». Sobre ese concurso, la defensa de Sánchez incide, asimismo, en que «no produce un resultado materialmente injusto» y remarca que, en todo caso, «no existe un conocimiento de Pedro Antonio Sánchez de actuar contra derecho».

Respecto al presunto fraude de subvenciones, argumenta que «no se ha solicitado el reembolso por parte de la Comunidad», ni existe un informe técnico al respecto, hechos que, a su entender, «acreditan la inexistencia de fraude». El magistrado Pérez-Templado también tiene ya entre sus manos el recurso presentado por el Ministerio Público. En el escrito, el fiscal Juan Pablo Lozano rebate al instructor cuando este, en su auto de procesamiento, asume que el dinero de la subvención -«que no se nos olvide, mil millones de las antiguas pesetas», advierte- «estará mejor o peor invertido -sin duda peor-, pero lo está, sin perjuicio de otras averiguaciones que pudieran derivarse de la pieza separada» que instruye un juzgado de Lorca.

El fiscal, por su parte, insiste en que «no puede aceptarse como hecho la afirmación de que todo el dinero está invertido en la obra, ya que en esta causa no se ha investigado este hecho y, por tanto, ni el magistrado instructor ni ninguna de las restantes partes podemos afirmar ni una cosa ni su contraria».

El Ministerio Público muestra su oposición, además, con la decisión de Pérez-Templado de exculpar a un nutrido grupo de altos funcionarios y asesores municipales al entender que se trataba de «meros colaboradores con escaso poder para oponerse a los designios de los posibles responsables penales, como quien era su alcalde». Lozano, en su recurso, sostiene que «ciertamente los funcionarios no podrán impedir que el alcalde que pretenda actuar arbitrariamente acabe finalmente actuando así, pero no debe olvidarse que, para que un alcalde consiga su propósito, toda la pléyade funcionarial a su cargo debe despreciar la legalidad y la protección al ciudadano al que deben defender y postrarse ante la autoridad en espera de congraciarse y obtener puestos relevantes».

En este sentido, reclama que se incluya entre los investigados al ingeniero técnico municipal y a la secretaria municipal accidental, como cooperadores necesarios.

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