El PP saca a concurso tres servicios pese a que el Pleno aprobó la gestión municipal

Joaquín buendía, alcalde de Alcantarilla./Edu Botella / AGM
Joaquín buendía, alcalde de Alcantarilla. / Edu Botella / AGM

Uno de ellos es la prestación de conserjes en colegios, por la que se investiga al alcalde Buendía y el exregidor Mellado por pagar a una empresa sin contrato

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

La decisión adoptada por el PP en la Junta de Gobierno del 3 de octubre de reanudar los expedientes de contratación de tres servicios podría acarrear un nuevo proceso judicial. En el punto 3 de la última sesión plenaria se informó del acuerdo adoptado por el equipo de gobierno popular para retomar los concursos de los servicios de mantenimiento, control de accesos y limpieza del polideportivo municipal; el de limpieza de edificios municipales y el servicio de conserjes en los colegios de Alcantarilla. Los populares optarán por mantenerlos bajo gestión privada, a pesar de que existen dos mandatos del Pleno para su remunicipalización: una moción del 26 de julio de 2016 y otra del 26 de septiembre de ese mismo año. Las dos iniciativas aprobadas instan «a realizar las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento asumiera la gestión directa».

La edil de Hacienda, Raquel de la Paz, justificó la decisión del PP de no ejecutar los acuerdos plenarios por el contenido de los informes jurídicos y económicos sobre cada uno de los tres servicios, que alertan del «sobrecoste» que supondría para las arcas municipales la incorporación a la plantilla municipal de los empleados que trabajan actualmente para las empresas que prestan cada servicio.

En el caso del mantenimiento del polideportivo, al subrogar nueve empleados, el coste anual se elevaría de 257.276 euros a 323.600 euros; el de limpieza en edificios municipales, al subrogar 35 trabajadoras, se incrementaría de 742.640 a 840.564 euros y el de conserjes, al subrogar 10 empleados, se elevaría de 205.954 euros a 253.490 euros. Este último es el que ha motivado que el alcalde, Joaquín Buendía, y el exregidor, Lázaro Mellado, sean investigados -antes imputados- por un presunto delito de prevaricación, por mantener durante diez años sin contrato a Cryspemar al frente del servicio de conserjes en colegios.

Los informes, a los que ha tenido acceso 'La Verdad', revelan que el servicio de limpieza en edificios municipales «está vencido desde noviembre de 2012», que el de mantenimiento de instalaciones deportivas se está desarrollando por una empresa «por prórrogas forzosas» y que el de conserjes, que está judicializado, «se encuentra vencido en cuanto a su plazo desde noviembre de 2012».

Los tres documentos concluyen exactamente igual: habría un «incremento de costes» para el Ayuntamiento por el ajuste de las jornadas laborales, el absentismo y la aplicación del convenio municipal.

Tal coincidencia motivó que el portavoz del PSOE, Gabriel Esturillo, criticase que los informes pretenden «justificar el incremento de coste de los servicios: mira a ver cómo lo haces que no queremos hacer la municipalización». Valga como ejemplo que el documento sobre el servicio de gestión de conserjes asegura que para coordinar a diez empleados se necesitarían tres jefes de servicio, lo que supondría un incremento de 19.698 euros anuales.

De la Paz respondió que los informes «los hicieron técnicos» y recordó que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un plan de ajuste hasta 2023 y que también se consultó al Ministerio de Hacienda cómo afectaría la municipalización de los servicios. Una vez recibida la respuesta del Ministerio, se elaboró otro informe jurídico, que, según la edil, concluye que «el cambio en la gestión de los servicios no sería conforme al artículo 85 de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en tanto que no existen elementos objetivos que permitan mantener que los servicios en cuestión devendrían más sostenibles y eficientes, por lo que al no ser conforme con las exigencias legales el cambio de la gestión, debe reanudarse la tramitación de los expedientes de contratación».

Gabriel Esturillo recordó que «hay un acuerdo plenario que dice que esos tres servicios hay que municipalizarlos y no hay ninguna excepción legal que diga lo contrario». De hecho, el artículo 86 de la ley de Bases de Régimen Local establece literalmente que «corresponde al Pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio». De forma que Esturillo advirtió de que el PSOE planteará un contencioso administrativo contra la decisión de la Junta de Gobierno.

La edil de Ciudadanos María Dolores Jiménez dijo que su grupo también «estudiará» la vía legal y criticó que los informes con los que el PP justifica su decisión «no ofrecen garantías», entre otros motivos, porque algunos están hechos por ACAL, «una asesoría externa».

Otro dato polémico es que los documentos están firmados por la interventora accidental. Extremo en el que puso el acento la edil de IU Silvia Martínez. «No es lógico que cuando un interventor con habilitación nacional se ha incorporado a su puesto de trabajo, se sigan trayendo al Pleno cosas firmadas por la interventora accidental (sin habilitación)». La oposición insistió en que ocho votos de la Junta de Gobierno no pueden imponerse a 13 del Pleno. «Vuelvan a la senda de la legalidad», le pidió al PP el edil de Podemos Arcadio Martínez.

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