La renovación del contrato de vigilancia en colegios se hizo sin ajustarse a la legalidad

El grupo socialista camino a presentar la querella.
El grupo socialista camino a presentar la querella. / PSOE Alcantarilla

Un informe de la Comunidad alerta de «vicios» en el acto administrativo, y el PSOE se querella contra el exregidor Mellado y el alcalde Buendía

JORGE G. BADÍA

La conclusión de la Dirección General de Administración Local sobre la actuación del PP en el contrato de mantenimiento, conservación, vigilancia y control de accesos de colegios de Alcantarilla es demoledora: «La actuación municipal no se ajusta a la legalidad y no puede entenderse amparada en una contratación válida». Tal afirmación viene recogida en un informe que ha motivado que el PSOE se querellase ayer por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el anterior alcalde, Lázaro Mellado, y el actual regidor, Joaquín Buendía.

El contrato se adjudicó a Cryspemar el 9 de diciembre de 2004, por un periodo de dos años, con opción a prorrogarlo como máximo otras dos anualidades. Sin embargo, el informe de la Dirección General revela que la citada empresa «ha seguido prestando el servicio al Ayuntamiento hasta el curso 2015-2016». Y el Consistorio ha estado abonando todos estos años facturas mensuales de 17.162 euros. «Pudiendo entenderse que, extinguido el contrato de 2004, se ha producido una contratación verbal, con adjudicación directa o una prórroga tácita del contrato inicial, cuestiones ambas que no se ajustan a los establecido».

La única prórroga que obra en el expediente fue suscrita el 14 de diciembre de 2006, por la Junta de Gobierno que por aquel entonces encabezaba Lázaro Mellado. Cuando la Dirección General reclamó documentación sobre el contrato al equipo de gobierno actual, que lidera Joaquín Buendía, el PP justificó «la legalidad de la actuación municipal en el principio de continuidad de los servicios».

El equipo de gobierno justificó la decisión «en el principio de continuidad de los servicios»

El informe no solo no acepta el argumento, sino que reprocha que «de los hechos descritos no puede deducirse, ni justificarse, la persistencia durante diez años de una situación excepcional, urgente e imprevista que, de forma continuada, haya provocado y sirva de base para obviar las obligaciones impuestas por las normas de contratación».

La Comunidad recuerda que la única prórroga se acordó el 14 de diciembre de 2006 y el contrató expiró el 9 de diciembre, «incumpliéndose así uno de los requisitos de ley de Contratos de Administraciones Pública, que prohíbe expresamente prorrogar un contrato una vez extinguido». Por todo ello afirma que «existen vicios de validez en el acto administrativo» y subraya que «solo cabe concluir que, una vez extinguido el contrato suscrito en 2004, procedía que el Ayuntamiento hubiera convocado una nueva licitación».

El servicio sigue en vigor

La dureza de las conclusiones que recoge el informe llevó ayer al portavoz del PSOE, Gabriel Esturillo, a presentar, junto al abogado Fermín Guerrero, una querella en la Ciudad de la Justicia contra los populares Mellado y Buendía. El portavoz subrayó que el actual alcalde conoce el documento desde marzo y «pese a conocer esta situación, no ha querido llevar a cabo la regularización de la empresa que mantiene a 10 conserjes, no nos deja otra opción que acudir a los juzgados».

La demanda expone que el contrato se mantiene en la actualidad y argumenta que el Ayuntamiento, «presidido por los dos querellados en su condición de alcaldes, han venido manteniendo, a sabiendas de su ilegalidad, una relación contractual ilegal». El juzgado deberá decidir ahora si admite a trámite la denuncia y abre diligencias.

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