El juez exculpa a Buendía y Mellado por los contratos a conserjes de colegios

Joaquín Buendía y Lázaro Mellado./LV
Joaquín Buendía y Lázaro Mellado. / LV

El instructor admite que pudo existir «una mera irregularidad o ilegalidad» en la prórroga del servicio, pero considera que no tiene entidad delictiva

RICARDO FERNÁNDEZ y JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

La querella por el 'caso de los conserjes' de los centros escolares de Alcantarilla, que el PSOE presentó contra el actual alcalde popular, Joaquín Buendía, y contra su predecesor, Lázaro Mellado, ha pasado a mejor vida. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha archivado la causa al estimar que no hay datos que apunten a la comisión de algún presunto delito y, más concretamente, del de prevaricación, que era por el que se había presentado inicialmente la denuncia.

Las actuaciones se iniciaron en el mes de octubre del año pasado, después de que el portavoz municipal del PSOE, Gabriel Esturillo, interpusiera una querella para que se investigaran las razones por las cuales la empresa Crispemar llevaba, en apariencia, diez años prestando un servicio mediante continuas prórrogas presuntamente ilegales. Igualmente, denunciaba que los pagos a esa firma se estarían fraccionando irregularmente desde el Ayuntamiento, mediante abonos mensuales de 17.162 euros, con el aparente fin de simular que se trataba de contratos menores.

Pues bien, después de requerir al Consistorio el expediente sobre el contrato a esa mercantil, que se encarga de prestar el servicio de conserjes en los colegios públicos, el magistrado ha llegado a la conclusión de que no existe delito alguno.

En su auto, dictado en respuesta a un recurso presentado por el abogado Evaristo Llanos Sola, el instructor comienza recordando que no se ha acreditado que la prestación de ese servicio haya supuesto algún tipo de perjuicio, «para nadie y, en especial, para el propio Ayuntamiento», ni que alguien se haya beneficiado injustamente.Tampoco existe constancia de que desde la Administración regional, la Intervención o cualquier otro organismo se hayan iniciado acciones legales por el mantenimiento temporal de ese contrato.

Pese a que el magistrado reconoce que tener ese contrato prorrogado durante diez años, sin sacarlo a concurso, «podría considerarse una mera irregularidad o incluso ilegalidad», señala que, en todo caso, «se trataría de una ilegalidad administrativa, pero nunca se podría considerar que se ha actuado de forma arbitraria o caprichosa». Y que si hubiera que perseguir ese asunto, sería en el ámbito contencioso. También niega que haya fraccionamiento de contratos, y señala que simplemente se abonaba mensualmente.

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