El interventor alerta de que los servicios de luz y gas se prestan sin que hayan salido a concurso

El alcalde levanta los reparos de Intervención mediante un decreto para seguir pagando las facturas a dos empresas

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Solo entre 2015 y 2017 dos empresas han facturado a las arcas municipales 2.867.476 euros sin que el contrato con el Ayuntamiento de Alcantarilla haya salido a licitación. Tal suma debe de ser solo la punta del iceberg, porque un informe del interventor revela que el suministro de electricidad y gas a edificios municipales se está prestando «sin la existencia de un contrato debidamente licitado y adjudicado».

En el documento, el alto funcionario se apoya en informes «desfavorables de las facturas», para formular un «reparo de legalidad al reconocimiento de la obligación» de abonar tales suministros de energía que el Ayuntamiento recibe de dos compañías. El motivo que esgrime es la «omisión de trámites», esto es, que ni el suministro de electricidad ni el de gas han salido a licitación.

La Concejalía de Obras y Servicios, lejos de acatar el reparo del nuevo interventor, emitió su propio informe para expresar su «discrepancia», argumentando que «el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado». Además, recordó que «se trata de unos suministros indispensables para el buen funcionamiento de la Administración».

Cs presentará una moción al Pleno pidiendo que los servicios salgan a concurso

La aparente omisión de trámites esenciales, como el no convocar un concurso para adjudicar el servicio, es uno de los supuestos -según el citado informe- por los que «se suspenderá la tramitación del expediente». De forma que para pagar las facturas, el PP ha tenido que levantar los reparos de Intervención vía decreto de alcaldía.

A pesar de que el interventor recuerda que remitirá al Tribunal de Cuentas todos los acuerdos adoptados contrarios a sus reparos, el regidor, Joaquín Buendía, autorizó el pago de las facturas. Buendía admite en el decreto que la negativa a pagar sería consecuencia de «vulnerar la legislación, concretamente por la inexistencia de un contrato debidamente licitado y adjudicado». Pero argumenta su decisión de abonar las facturas porque «no puede dejar de reconocerse la obligación a cargo del Ayuntamiento, so pena de incurrir en enriquecimiento injusto de la Administración, debido a la efectiva recepción de los servicios» por parte del Consistorio.

El decreto insta a la Concejalía de Obras y Servicios a que se «arbitren las medidas necesarias que permitan su subsanación en lo sucesivo». Y así lo espera Ciudadanos, cuyo portavoz, Francisco Álvarez, anuncia que presentarán una moción al Pleno de marzo instando al PP a que saque a concurso los suministros de electricidad y gas de edificios municipales. Uno de los motivos es que no se repita lo sucedido con el servicio de conserjes en colegios, que ha llevado a abrir una investigación contra el alcalde, Joaquín Buendía, y el exregidor Lázaro Mellado, por mantener supuestamente sin contrato a Crispemar al frente del servicio durante diez años. La otra razón para plantear la moción es «bajar el coste de la factura municipal».

Álvarez recuerda que en 1997 se liberalizó el sector energético y el Consistorio podría haber buscado un proveedor más económico. «Particulares, empresas y administraciones han intercambiado la tarifa que pagaban para reducir su factura de la luz y el gas, excepto el Ayuntamiento de Alcantarilla». Cs calcula que el suministro de energía se presta «sin contrato» desde hace veinte años y el de gas, desde hace diez.

Una factura de un millón

El último ejercicio de facturación cerrado por tales suministros fue 2016. En ese año la empresa de energía facturó a las arcas municipales 985.757 euros y la de gas, 69.731 euros. «Me pregunto si tanto el señor Mellado como el señor Buendía,gestionan igual sus contratos personales o por el contrario intentan, como deberían hacer aquí, que la factura a final de mes sea lo menos gravosa para los bolsillos de los alcantarilleros». El informe de los suministros ha sido emitido por el nuevo interventor, que sustituye a la interventora accidental, muy cuestionada por la oposición. De hecho, Cs no entiende cómo «en 17 años no ha puesto reparo alguno» a estos pagos.

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