Buendía frena vía decreto la moción que le exigía responsabilidad patrimonial por contratos nulos

La iniciativa de Ciudadanos contaba con el apoyo del PSOE y Podemos, y también afectaba al exregidor Lázaro Mellado

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

El PP tiró de 'decretazo' para evitar las 69 enmiendas que la oposición presentó a los Presupuestos de 2018 y ahora ha vuelto a utilizar el mismo mecanismo para evitar que fuese aprobada en el Pleno una moción de Ciudadanos sobre un asunto más turbio: «Incoación del expediente de responsabilidad patrimonial contra los alcaldes don Lázaro Mellado Sánchez y don Joaquín Buendía Gómez y demás personas responsables del perjuicio patrimonial sufrido por el Ayuntamiento, con ocasión del pago de contratos considerados nulos de pleno derecho». Es el acuerdo que recogía la moción que iba a ser aprobada en el próximo Pleno porque PSOE y Podemos avanzaron que votarían a favor, pero que ha sido frenada por un decreto de alcaldía.

El contenido del acuerdo afectaba directamente a los bienes del regidor popular, y Buendía ha firmado un decreto en el que resuelve no incluir la moción del partido naranja en el orden del día de la comisión informativa, «en tanto no han sido emitidos los informes solicitados». El decreto apoya su decisión en que la propia alcaldía, «visto el contenido de la propuesta», ha solicitado informes de la Secretaría y la Intervención. De forma que hasta que no se emitan tales documentos, a Cs le tocará esperar para elevar su iniciativa al Pleno.

La moción considera nulos de pleno derecho dos contratos: el del asesoría jurídica y el del servicio de limpieza de edificios municipales. Este último lo gestiona la misma empresa que asume el servicio de conserjes de centros educativos por el que Buendía y Mellado están investigados -antes imputados- por los supuestos delitos de prevaricación administrativa por mantener sin contrato a la citada mercantil durante la friolera de diez años.

El alcalde apoya su decisión en los informes solicitados a Intervención y a la Secretaría

Una cifra de récord

El contrato de asesoría jurídica lo presta una firma desde enero de 1998 y su duración era de un año. La moción denuncia que «a día de hoy y tras el acuerdo alcanzado en Mesa de Contratación de adjudicar el servicio de asesoría jurídica a otra mercantil, el contrato sigue sin adjudicarse y el servicio lo sigue prestando la misma consultora desde 1998. Ya hemos alcanzado la cifra récord de veinte años sin contrato». En cuanto al de limpieza, se adjudicó a la empresa en Junta de Gobierno celebrada el 28 de septiembre de 2008.

El plazo de duración era de dos años y la iniciativa, eliminada del debate vía decreto, recuerda que «en Junta de Gobierno celebrada el 23 de febrero de 2011, una vez vencido el plazo de duración del contrato, se acordó la prórroga por el plazo de dos años, con efectos retroactivos al 7 de noviembre de 2010. Ésta prórroga es ilegal y nula de pleno derecho ya que se aprobó una vez finalizado el contrato».

El partido naranja sostiene que debería haberse iniciado un nuevo expediente de contratación y concluye que, «dada la viciosa práctica municipal explicada», se había producido un supuesto «beneficio industrial injustamente percibido por los contratistas mencionados, con ocasión de las contrataciones realizadas con el Ayuntamiento no ajustadas a la legalidad, el cual debe cuantificarse y reclamarse a los responsables de tales perjuicios económicos». Por este motivo, instaba al Pleno a que en el plazo máximo de seis meses, se realizasen las diligencias necesarias para determinar qué autoridades y empleados municipales debían responder de su bolsillo por el pago durante años de facturas por asesoría jurídica y limpieza. El portavoz de Cs, Francisco Álvarez, denunció ayer que «tenemos un consistorio preso de contratos ilegales que perjudican económicamente a los vecinos».

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