El alcalde pide archivar la causa de los conserjes porque el PSOE busca las «penas de telediario»

Su abogado justifica los pagos a la empresa que prestaba este servicio sin contrato porque no hubo reparos de Intervención

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

«La querella está llena de falacias». Es uno de los argumentos que esgrime el abogado del alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, en el recurso de reforma que ha presentado contra las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, por las que el regidor del PP y su predecesor en la alcaldía, Lázaro Mellado, están siendo investigados -antes imputados- por un supuesto delito de prevaricación, por mantener durante diez años sin contrato a Crispemar al frente del servicio de conserjes en colegios.

Evaristo Llanos, letrado defensor del alcalde, alega al juzgado que la querella presentada por el PSOE que ha motivado las diligencias persigue «obtener un beneficio político, que no es otro que ver arrastrado por el juzgado al oponente político, obteniendo la victoria que proporciona una de las llamadas 'penas de telediario'». De hecho, el recurso subraya que el portavoz del PSOE, Gabriel Esturillo, ha tratado de impulsar en esta legislatura mociones de censura contra el alcalde y, al no contar con el apoyo del resto de la oposición, recurre ahora a «la judicialización de la vida política».

El abogado reclama el archivo de las diligencias argumentando que la documentación aportada por el PSOE es «parcial e interesada». También justifica los pagos mensuales de 17.162 euros que se siguieron realizando durante una década a la empresa, a pesar de que el contrato había expirado, aduciendo que la Intervención no se opuso. «Es preciso dejar constancia de que la Intervención nunca realizó nota de reparo al contrato formalizado con la mercantil Crispemar, objeto de esta querella, ni a los pagos mensuales que se efectúan a la misma».

El recurso incluye abundante documentación, como un informe del servicio de asesoramiento jurídico externo del Ayuntamiento, realizado por el despacho ACAL, que subraya que, «en la actualidad, este contrato no ha sido resuelto por las partes y seguiría vigente como consecuencia del principio de continuidad de los servicios que atienden a necesidades permanentes del municipio».

La querella se fundamenta en un informe de la Dirección General de Administración Local, emitido en marzo de 2017, en el que se alertaba de que «la actuación municipal no se ajusta a la legalidad». Tal extremo lleva al letrado a reprochar que la Comunidad Autónoma «era consciente» de que el 14 de diciembre de 2006, la Junta de Gobierno presidida por Lázaro Mellado acordó renovar dos años el contrato con Crispremar, a pesar de que el plazo para hacerlo concluía el 9 de diciembre, y el Ejecutivo regional no hizo nada. «No debemos olvidar que la Dirección General tiene entre sus funciones la impugnación de los actos de las corporaciones locales que infringen el ordenamiento. Cuando estos acuerdos se adoptaron, si es que realmente fueran nulos, es cuando debieron impugnarse».

El juez debe seguir indagando

El letrado Fermín Guerrero, que representa a la acusación que ejerce el PSOE, ha presentado un escrito oponiéndose al archivo de la causa que reclama el alcalde. «No nos parece de buen gobernante alegar que la Intervención nunca realizó nota de reparo al contrato formalizado con Crispremar, tirando balones fuera y queriendo derivar su responsabilidad en otros y, todo ello, teniendo conocimiento del estado en el que se encontraba este servicio desde el primer día en que tomó posesión, no habiendo hecho nada, ni habiendo solicitado a esta funcionaria que realizara informe alguno al respecto», argumenta.

El escrito sostiene que «aún quedan muchas respuestas que dar por parte del querellado» y que el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno, en mayo de 2016, para sacar a concurso el servicio fue una «mera declaración de intenciones». Guerrero insta al juez a seguir investigando. «Habrá que realizar más actividad probatoria consistente en las declaraciones testificales de quienes participaron en el informe de la Dirección General de Administración Local».

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