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La Audiencia reactiva la querella contra la interventora por estafa

Un empresario la denunció por manipular supuestamente un certificado que le impidió cobrar 15.676 euros de facturas del Consistorio

JORGE GARCÍA BADÍA

Domingo, 10 de enero 2016, 01:53

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El futuro de la interventora en funciones del Ayuntamiento de Alcantarilla está en manos de la Audiencia Provincial. Un auto de la Sala «considera necesaria la reapertura de las actuaciones» contra la funcionaria por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa procesal, tras estimar el recurso de apelación que Obyser Mediterráneo presentó contra el archivo de la causa decretado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

La querella fue presentada por el gerente de la empresa, José Moya, después de serle denegado en un juicio el abono de cuatro facturas que le adeudaba el Consistorio y que sumaban 15.676 euros. El Juzgado de lo Contencioso número 4 amparó su sentencia en el certificado 2443 firmado por la interventora, en el que informaba al empresario de que su solicitud para cobrar las facturas «no cumple con todos los requisitos exigidos». Sin embargo, dicho certificado con el mismo número de registro -2443- fue empleado con anterioridad para incluir otra factura de la misma empresa (3.822 euros) en el plan de pago a proveedores.

Esa llamativa coincidencia motivó la querella contra la interventora en funciones. José Ramón Sáez, letrado de Obyser Mediterráneo, alegó a la Audiencia en su recurso que el certificado aportado al Juzgado de lo Contencioso número 4 «fue elaborado ex profeso para presentarlo en el pleito» y puso el acento en que la funcionaria «no puso su nombre ni al principio ni al final, pero sí su firma, para autentificarlo».

El abogado concluyó que «se manipuló el Libro Registro de Salida, en el que aparece algo tan inaudito como que un mismo asiento se refiera a dos documentos distintos» y reiteró que ese certificado pudo «inducir a error a dicho juzgado a la hora de dictar la sentencia». De hecho, el fallo impidió al empresario cobrar los 15.676 euros de las facturas.

Un archivo «precipitado»

El auto de la Sala da un tirón de orejas al Juzgado de Instrucción número 3 y al fiscal por archivar la querella, al considerar que «el sobreseimiento en este momento procesal adolece de precipitado, sobre todo tras el visionado del juicio del pasado 8 de julio de 2014». La Audiencia alude a una vista en la que declaró el encargado del Registro General de Alcantarilla, por otras facturas impagadas también a Obyser Mediterráneo. El citado funcionario reconoció durante el juicio que «no es habitual la coincidencia de un certificado positivo y negativo, con un mismo registro de salida».

También precisó que el registro 2443 se creó el 4 de abril de 2012 y se modificó el 23 de abril de 2012. «Una vez hechos no se pueden modificar». Por ello, la Sala ha ordenado tomar declaración al encargado del Registro y ha requerido las anotaciones de entrada y salida. También cita al responsable de Informática. Desde la Alcaldía no han querido valorar el auto que afecta a la interventora en funciones.

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