La Verdad

Anulan la adjudicación de la nueva contrata de limpieza y zonas verdes

  • Un tribunal ve «vicios sustanciales» en el pliego redactado por el Ayuntamiento; el presupuesto anual ascendía a 2,6 millones

La resolución del Tribunal de Recursos Contractuales contra la adjudicación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y mantenimiento de parques y jardines de Alcantarilla, ha llegado en un momento delicado para la Corporación: en plena precampaña electoral.

La decisión del tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda impide a la UTE Actúa Servicios y Medio Ambiente-Acciona Servicios Urbanos empezar a gestionar el servicio antes de que termine la actual legislatura, tal y como había anunciado el edil de Obras y Servicios, Cristóbal García Morata. El dictamen admite el contenido del recurso que presentó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Sabater, y declara «la nulidad de pleno derecho de todo el proceso de adjudicación, todo ello con retroacción de actuaciones al momento inicial del mismo». Es decir, la citada UTE se ha quedado sin el contrato más importante que se iba a adjudicar en el municipio durante la actual legislatura.

A la Concejalía de Obras y Servicios solo le quedan dos alternativas porque la resolución es «definitiva». La primera consistiría en repetir todo el proceso de adjudicación, y la segunda sería la vía judicial, interponiendo en los próximos dos meses un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.

En contra de la Concejalía corre el tiempo, ya que la legislatura agoniza y solo falta un Pleno por celebrarse. El recurso de marras fue redactado por la letrada y edil socialista María Ángeles Burgos, que destaca que «el tribunal ha asumido la mayoría de nuestros argumentos». De hecho, el dictamen reprocha «vicios sustanciales» al pliego elaborado por el Ayuntamiento, «cuya tramitación se ha iniciado mediante una convocatoria que adolece de un defecto esencial cual es la falta de la publicidad indispensable». En concreto, el tribunal recuerda que «la licitación debió haberse publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea».

El presupuesto anual del contrato es de 2.645.991 euros y la citada publicación en el diario de la UE nunca se produjo incumpliendo la directiva 2004/18 de la Comisión Europea y el artículo 142.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige esta medida para contratos cuyos importes superen los 207.000 euros. «Debe entenderse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Pero no ha sido el fallo más grave detectado en el proceso. Para el Tribunal de Recursos Contractuales «la errónea calificación del contrato en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCPA) ha resultado determinante de que en el proceso de licitación se haya incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho».

La Concejalía calificó el contrato como una concesión de servicio público, pero el tribunal lo califica como «un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada». El portavoz del PSOE, José Antonio Sabater, recuerda que «en dos plenos y en la mesa de contratación ya advertimos al PP de que el contrato estaba mal calificado, pero esta resolución es un ejemplo más de su prepotencia y su mala gestión».

Intentos en la legislatura

Si la Concejalía de Obras y Servicios decide volver a sacar a concurso este servicio, sería el tercer intento en esta legislatura. En febrero de 2014, los populares tuvieron que frenar la adjudicación a Urbaser de la 'supercontrata' que incluía la gestión durante 25 años de la limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, mantenimiento de zonas verdes y la gestión de las instalaciones deportivas y edificios municipales.

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impidió al Ayuntamiento participar junto a Urbaser en la sociedad mixta de la 'supercontrata', al tratarse de una nueva figura legal y estar vigente el plan de ajuste municipal. Ante este imprevisto legal, la Corporación popular optó por sacar a concurso solo la limpieza y las zonas verdes, pero una vez más, la legislación ha frustrado la adjudicación.

En caso de repetir el proceso, la Concejalía también deberá modificar la cláusula relativa al periodo de explotación. El Tribunal de Recursos Contractuales subraya que la actual adjudicación a la UTE por un periodo de 10 años, con una prórroga de 5 o 10 años, excedía la duración fijada para los contratos de servicios de 6 años, incluidas las prórrogas, y considera que este aspecto debería «resultar subsanado» en la nueva licitación.