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Los socialistas Sabater y Candel luciendo mascarillas.
El PP rebaja de 10.000 a 3.000 euros las multas por episodios de malos olores
ALCANTARILLA

El PP rebaja de 10.000 a 3.000 euros las multas por episodios de malos olores

La enmienda al borrador inicial de la ordenanza fue aprobada en solitario por los populares y con fuertes criticas de la oposición

JORGE GARCÍA BADÍA

Viernes, 1 de agosto 2014, 02:26

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La enmienda entró de puntillas en el orden del día, impidiendo que la Plataforma Aire Limpio tuviese tiempo de organizarse para protestar en el Pleno, pero no sirvió para evitar las agrias críticas de la oposición al PP. Solo 48 horas antes de la sesión de ayer, el edil de Medio Ambiente, Juan José Gómez Hellín, incluyó una enmienda al borrador de la Ordenanza Municipal de Calidad Odorífera del Aire de Alcantarilla, que él mismo había presentado el pasado día 22 a la plataforma y mucho antes a PSOE, CDL e IU-Verdes. El texto inicial preveía multas de hasta 10.000 euros por infracciones muy graves de malos olores, pero la 'autoenmienda' cambió el guión de la sesión al rebajar el importe máximo a 3.000 euros.

La modificación no afecta a las faltas leves (500 euros), pero recorta ampliamente la horquilla de las infracciones graves, que iba de 501 a 5.000 euros, y que desde ayer oscilan de 501 a 1.500 euros. Las muy graves aminoran desde los 5.001 a 10.000 euros iniciales a un abanico de 1.500 a 3.000 euros. «Apaga usted los fuegos con gasolina», resumió, valorando la rebaja, el edil del PSOE César Candel. «Las multas disuaden a las empresas».

El edil popular amparó la enmienda en un informe jurídico que, atendiendo a la Ley de las Bases de Régimen Local, indica que «salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: hasta 3.000 euros, infracciones muy graves; 1.500 euros, infracciones graves; hasta 750 euros, infracciones leves». Gómez Hellín defendió que «esta ordenanza no tiene como fin sancionar a las empresas; hay una cosa todavía mejor, y es que se puede paralizar la actividad de la firma cuando perjudique a los vecinos».

Sin embargo, el portavoz de CDL, Francisco Álvarez, le preguntó «cómo puede imponer una sanción de 3.000 euros a una empresa capaz de molestar a 40.000 personas y, en cambio, sancionar a un vecino con 150.000 euros por infracción urbanística». La edil de IU-Verdes, Carmen María Pina, aventuró que «tendrá una repercusión nula; nace con mal pie».

PSOE, CDL e IU pidieron al edil de Medio Ambiente que retirase la moción y la enmienda para estudiar su contenido en septiembre, convocando la Comisión de Calidad del Aire y a la Plataforma. Pero Gómez Hellín les respondió que «ustedes llevan quince días con la ordenanza, pero no han hecho ninguna aportación».

Incluso mostró al Pleno una imagen del portavoz del PSOE, José Antonio Sabater, y del edil César Candel, luciendo mascarillas durante la protesta que convocó la plataforma ante Derivados Químicos, después de que el 13 de enero fuera desalojado el instituto San Jerónimo (Sanje). «No sé si se reconocen en la fotografía; usted y su querido portavoz están ahí, en el apoyo al cierre de empresas». La prueba gráfica que exhibió en varias ocasiones Gómez Hellín propició que el socialista Candel le recriminase: «Usted ha llenado de mierda esta discusión».

Más aportaciones

La moción y la enmienda salieron adelante con los votos del PP, y con el rechazo y las críticas de la oposición. El texto también incorpora las apreciaciones del informe técnico elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente. De forma que el listado de actividades susceptibles de ser sancionadas y de sufrir inspecciones, a propuesta de la Dirección General, se amplía a las actividades relacionadas con los extractos naturales, barnices y revestimientos.

También se otorga a los inspectores la facultad de poder «requerir la asistencia de Policía Local, así como a los expertos que se considere necesario». Además, cuando una empresa comience a operar en el municipio se podrá verificar «mediante mediciones reales» las estimaciones que incluía el proyecto de actividad. De forma que si los valores de emisión de olores no concuerdan entre sí, «se deberá realizar una campaña de medición». La ordenanza será publicada en el BORM antes de ser aprobada definitivamente. Ayer, oposición y plataforma ya avanzaron que alegarán contra las multas.

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