Piden hasta seis años al exgerente de un geriátrico de Águilas acusado de estafa

El fiscal acusa a José Hernández de lucrarse desviando más de medio millón de euros con cargos personales a una tarjeta de la residencia y con facturas falsificadas

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Hasta seis años de prisión llegan las peticiones de condena que, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, reclaman para un exgerente de la residencia de ancianos San Francisco de Águilas, quien será juzgado en los próximos meses como supuesto responsable de la apropiación de más de medio millón de euros de la institución para su enriquecimiento personal. El acusado, José Hernández Nieto, habría utilizado varios métodos para desviar presuntamente los fondos de la residencia, que habrían ido desde cargar gastos particulares a una tarjeta de crédito de la institución a emitir facturas por duplicado o por servicios no prestados, e incluso efectuar reintegros o transferencias sin aparente justificación.

Tanto el fiscal como el letrado que representa a la institución geriátrica ya han presentado sus escritos de acusación. En ellos se deja constancia de que José Hernández Nieto fue nombrado director gerente de la residencia en el año 2000, aunque los hechos investigados se habría producido a partir de 2008, cuando el presidente del centro sufrió un ictus y el gerente asumió supuestamente el control absoluto de todas las operaciones económicas y de dirección.

No fue hasta la celebración de la junta directiva del 25 de mayo de 2012 cuando algunos de los socios manifestaron haber recibido diversa documentación anónima, en la que se alertaba de supuestas irregularidades en la gestión de la residencia, por lo que se aprobó crear una comisión de investigación, anular la tarjeta de crédito de la que disponía el gerente, cambiar las autorizaciones para operar con los bancos e impedir que el sospechoso pudiera adoptar cualquier decisión sin consultar al vicepresidente.

La institución sufrió un extraño robo, en el que desapareció buena parte de la contabilidad en papel

Cuatro días más tarde se volvió a convocar una junta directiva, en la que se acordó abrir expediente a José Nieto, aunque finalmente no se llevó a efecto ya que el director dimitió.

Uno de los episodios más llamativos de este asunto es el asalto que sufrieron las instalaciones del geriátrico en el último fin de semana de agosto de 2012. Los autores no se llevaron dinero ni bienes de valor, pero trataron de acceder -sin conseguirlo- al servidor informático en el que se guardaba toda la información sobre la contabilidad del centro y acabaron apoderándose de una gran cantidad de información contable en papel, como facturas, resguardos bancarios, justificantes, un libro de actas, los libros de cuentas de varios años...

Ello no impidió que dos miembros de la comisión de investigación pudieran cerrar sus averiguaciones, que acabaron concluyendo que José Hernández Nieto había incurrido en un gran número de supuestas irregularidades, entre las que resaltaban cargos personales por estancia en hoteles de lujo en España y en el extranjero (Al Shareq, La Cigale, W Doha, Hilton Salalah, Grand Regency, Hamilton...) y por comidas en restaurantes -la mayor parte de ellos en un asador propiedad del acusado-, todo ello por más de 91.000 euros. Igualmente existía una gran cantidad de facturas dudosas, al estar duplicadas o corresponderse con material o servicios que no se habría llegado a prestar. Así, figuraban cargos a favor de sociedades como Innovaciones Hospitalarias SL, MH Sistemas Hospitalarios SL, S8DIAGO SL, Centro de Naturaleza El Portajo SL, de todas las cuales Hernández Nieto era socio o administrador. Los importes de esas facturas de dudosa legalidad ascendieron a más de 230.000 euros.

Por lo que se refiere a reintegros en caja, transferencias y emisiones de pagarés sin supuesta justificación, la cantidad presuntamente desviada ascendería a más de 200.000 euros.

Los informes de un perito designado por el juzgado acabaron confirmando el supuesto desfalco y cifrando su cuantía en 540.064 euros.

El fiscal califica los hechos como un delito societario, en concurso con otro delito continuado de falsedad, por el que pide tres años de prisión, y alternativamente considera que sería estafa en concurso con falsedad, por lo que habría que imponerle cinco años y medio de cárcel. La acusación particular califica como apropiación indebida, en concurso con falsedad, y pide seis años de prisión.

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