Los adjetivos y los hechos

La carrera electoral ya ha comenzado y todo cuanto se cuece en la vida pública regional está condicionado por las perspectivas de unos comicios donde los populares pueden perder el poder por la fragmentación del voto

Alberto Aguirre de Cárcer
ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER

Pedro Antonio Sánchez terminó por tirar la última toalla (su escaño) y cedió el testigo a López Miras como nuevo presidente del PP y futuro candidato a las autonómicas, lo que ya tenía en mente desde finales de junio. Alberto Garre se decidió a dar el paso y anunció este jueves que se presentará a las elecciones al frente de un partido regionalista. Y Diego Conesa, alcalde de Alhama, ganó por un escaso margen las primarias para ser el rostro con el que acudirá el PSOE a la cita de 2019. Todo eso en menos de siete días de electrizante voltaje político. Con Óscar Urralburu apuntalado por las primarias de Podemos, solo queda por conocer, en menos de un año, quién será cabeza de cartel de Ciudadanos.

Pero la carrera electoral ya ha empezado y todo cuanto se cuece en la vida pública de la Región está condicionado por las perspectivas de unos comicios en los que, por la permanente convulsión en la que se instaló el PP hace cuatro años y una ley electoral de circunscripción única que fragmentará el reparto de escaños, los populares pueden perder el poder conseguido hace 22 años. Lo saben todas las fuerzas políticas, también el PP, y actúan en consecuencia a solo año y medio de la cita. Los populares, apostando por el pragmatismo (a estas alturas, la búsqueda de un líder que no fuera el actual presidente de la Comunidad supondría adentrarse en una nueva aventura de alto riesgo).

Y la oposición, acentuando todo lo posible el desgaste de un partido que pierde a su último referente de la peor manera posible. La designación por aclamación no puede ocultar la grave realidad acontecida. Pedro Antonio Sánchez abandona la política porque, según afirma, «sus adversarios han jugado sucio y la jugada les ha salido bien». Pero si quitamos los adjetivos para que solo queden los hechos, como proponía el abogado Atticus Finch en ‘Matar a un ruiseñor’, lo que vemos es que PAS se va forzado por dos citas con el banquillo por presuntos delitos de corrupción política. Aún mantiene su presunción de inocencia, pero políticamente estaba liquidado desde hace tiempo. Su horizonte procesal era pronosticable por cualquier observador imparcial, pero el PP se agarró a un relato emocional para mantener a quien en sus filas tenía las mayores dotes de liderazgo y habilidad política. Minusvaloró los hechos (existía una querella de la fiscalía del TSJ cuando PAS fue elegido como candidato) y los adjetivó (persecución, cacería...) para construir un relato público que amortiguara el impacto. Y de esta guisa va como va la cosecha del tardovalcarcismo: cuatro presidentes autonómicos en cuatro años y tres presidentes del partido. Ahí es nada.

En las demás fuerzas no se ha producido semejante cataclismo, aunque tampoco andan sobrados de liderazgos arrolladores. Han demostrado mucha mayor cultura democrática en el interno de sus organizaciones, pero a costa de proyectar públicamente la ausencia de líderes que levanten un entusiasmo masivo en sus filas. Urralburu ha sido atado en corto por varias corrientes de Podemos y en la primera vuelta de las primarias socialistas se observó una división total entre González Veracruz y Diego Conesa.

Ayer, el alcalde de Alhama ganó con el 51,8% de los votos. Pronto se verá si opta por intentar convertir al PSOE en un partido de mayorías en la Región, como en los años 80, o centra toda su estrategia en recuperar el espacio que le arrebató Podemos por la izquierda. Ciudadanos es caso aparte porque no hay un gallo en el corral. Con una dirección colectiva y tutelada desde Madrid, ahora tendrá que enfrentarse a la futura formación de Alberto Garre, que a falta de estructura organizativa anda sobrado de carisma popular y exhibe un discurso en materia de regeneración política que puede taponar el crecimiento de la formación naranja. El resultado más plausible de este escenario preelectoral es un reparto de fuerzas mucho más fragmentado en 2019, donde los distintos pactos pueden acabar desalojando a los populares.

La polémica sobre la integración del AVE en Murcia y el soterramiento de las vías está claramente condicionada por este horizonte político. Por un lado, están los vecinos con sus legítimas reivindicaciones y protestas. Y por otro, los partidos, que saben de la importancia del voto en el municipio de Murcia para decantar unas elecciones autonómicas con circunscripción única. La llegada del AVE y el inicio de las obras para enterrar las vías no darán réditos electorales directos, aunque es obvio que unos querrán sacarle todo el jugo y otros querrán echarle cicuta a ese dulce sorbo.

Con el largo historial acumulado de incumplimientos, indecisiones y bandazos, poca celebración cabe esperar cuando llegue el momento. Pero la Región necesita ya la alta velocidad en Murcia, Cartagena y Lorca para acabar con sus rémoras ferroviarias, ganar en competitividad económica e impulsar el turismo, y la ciudad de Murcia debe, de una vez por todas, soterrar ya las vías que la dividen desde hace siglo y medio. Si los populares no logran salir de esta encrucijada con una solución aceptable para el interés general, teniendo en cuenta por un lado las demandas de los vecinos afectados por la obra pero también las de los sectores productivos de la Región y de muchos ciudadanos que desean el soterramiento, pero sin demorar la llegada de la alta velocidad a Murcia, verán acentuado su desgaste hasta límites insondables. Visto el rechazo expresado en las calles al proyecto, tal y como está planteado por Adif, se antoja todavía más complicado que los populares encuentren algún apoyo de la oposición. Más bien todo lo contrario. Ayer, la Plataforma Pro Soterramiento movilizó a decenas de miles de personas, más de 50.000 según los organizadores, que rechazaron la llegada del AVE por una vía provisional en superficie. La manifestación fue masiva. Ese es otro hecho. Puede que el margen de maniobra para la búsqueda de un amplio consenso sea cada vez más reducido, pero todas las partes están obligadas a echar el resto para lograrlo.

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