Adif reconoce un sobrecoste de 60 millones solo en reponer acequias en la línea del AVE

Adif reconoce un sobrecoste de 60 millones solo en reponer acequias en la línea del AVE

La auditoría final constata que se certificaron y pagaron obras por 52,6 millones, cuando el coste real no superaría los 27,7, con un desvío aparente de 24,9 millones

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La existencia de un descomunal fraude en las obras de la línea del AVE a la Región de Murcia ya no es una evidencia solo para los investigadores de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, además de para quienes han venido dando carta de veracidad a sus reiterados atestados: los fiscales anticorrupción y la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, que instruye las diligencias sobre el llamado 'caso César'. Los propios informes del ente público Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento y principal perjudicado por la multimillonaria malversación, reconocen un sobrecoste superior a los 60 millones de euros solo en concepto de reposición de infraestructuras hídricas, como acequias y azarbes, que estaban afectadas por la construcción de la plataforma de alta velocidad a su paso por la Vega Baja.

Estos documentos internos, que después de múltiples requerimientos ya se encuentran en poder del juzgado y a los que 'La Verdad' ha tenido acceso, ponen de relieve que Adif había previsto en su origen un presupuesto de 11,4 millones para acometer todas las reparaciones de los sistemas de riego que se vieran afectados por las obras. Esa cantidad pronto se desveló insuficiente. Pero, al margen de ellos, las cantidades pronto se multiplicaron de manera exponencial por la actuación de una presunta trama delictiva, que estaría liderada por el ingeniero José Manuel Fernández Pujantes y que se habría montado en torno al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y a la empresa murciana que subcontrató los trabajos, Obras Marimar, con la aparente aquiescencia o -cuando menos- el silencio de altos responsables de Adif y directivos de ocho grandes constructoras nacionales. Algo que explica que medio centenar de sospechosos se encuentren ya imputados en esta causa.

Pues bien, los citados informes de Adif, elaborados una vez que trascendió la apertura de una investigación judicial, desvelan que esos 11,4 millones inicialmente previstos acabaron convirtiéndose en 71,5 millones, lo que supone un sobrecoste de 60,1 millones (626% más de lo presupuestado en origen).

Son ya más de medio centenar los encausados por la 'Operación César', entre ellos un expresidente y tres ex directores generales del ente público, además de ocho grandes constructoras españolas

Pese a la magnitud de la cifra, nadie en Adif movió en apariencia un solo dedo hasta que la investigación del 'caso AVE' estaba bien avanzada y comenzaron a llegar a la sede de la entidad pública los primeros requerimientos judiciales y las primeras imputaciones de altos directivos.

Conclusiones e imputaciones

Hace apenas unos días, el pasado 22 de enero, la Abogacía del Estado remitió al juzgado que instruye el 'caso César' un documento de denominación casi interminable: el 'Informe final de la auditoría técnica de los expedientes de gasto aprobados por Adif para la reposición de servicios afectados de riegos e infraestructuras hidráulicas en los tramos de obras de la plataforma que discurren entre Elche y Murcia, correspondientes al nuevo acceso de alta velocidad a la Región de Murcia'. En suma, el informe final sobre la presunta malversación de fondos, que ha sido elaborado por la auditora externa Cygsa. Y los conclusiones resultan igualmente descorazonadoras para los intereses públicos, toda vez que vienen a consolidar los innumerables indicios sobre el monumental fraude. A modo de conclusión, el documento recoge que los quince expedientes de gastos analizados sobre reposición de acequias y azarbes supusieron un pago por parte de Adif de 52,6 millones, que se encontraban debidamente certificados. Sin embargo, la auditoría indica que el coste real de esas obras nunca debió superar los 27,7 millones. La diferencia, que se correspondería con la cuantía presuntamente malversada solo por ese concepto, se eleva así a casi 25 millones, un 47,4% de todo el desembolso.

Las obras completas del tramo del AVE entre Crevillente y Murcia fueron adjudicadas por 302 millones de euros, por lo que los 50 millones que se acabaron abonando exclusivamente por la reparación de acequias elevaron el presupuesto global en un 16,5%.

Tal y como 'La Verdad' desveló la pasada semana, la incorporación a las diligencias de estos informes finales, unida a las declaraciones que imputados y testigos han venido realizando desde hace más de dos años, han llevado ahora a la magistrada Olga Reverte a imputar a Luis María Pérez Fábregat, ex director general de Grandes Proyectos de Adif entre los años 2010 y 2012. Este antiguo alto directivo viene a sumarse a otros ya encartados en estas diligencias, como el expresidente Gonzalo Ferre y los ex directores generales Antonio Gutiérrez Blanco y Javier Gallego.

Igualmente ha procedido a imputar a las ocho grandes constructoras que se adjudicaron entre 2008 y 2010 las obras del tramo del AVE a la Región, como presuntas autoras o cooperadoras en el fraude: Acciona Infraestructuras SA, Construcciones Villegas, Dragados SA, Construcciones Hormigones Martínez SA, Tecsa, Sacyr SAU, Neopul Sociedad de Estudios o Construcciones SA y Constructora San José.

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