Acusan a un empresario y a su hijo de estafar 800 toneladas de limones

Los sospechosos iban armados para evitar represalias del centenar de agricultores afectados, que habrían perdido unos 350.000 euros

LA VERDADAlicante

Dos empresarios, padre e hijo, fueron puestos en libertad provisional con cargos tras ser detenidos en Almoradí, en la Vega Baja del Segura, como presuntos autores de ocho delitos de estafa vinculados a la compraventa de 800 toneladas de limones, por la que se habrían visto perjudicados un centenar de agricultores, algunos de ellos de Murcia. Los beneficios que habrían obtenido los dos sospechosos alcanzarían los 350.000 euros, según un portavoz de la Benemérita.

El temor de los supuestos estafadores a ser objeto de posibles represalias por parte de los damnificados por sus presuntamente ilícitas operaciones les había llevado a ir armados, de forma casi permanente, con el fin de defenderse y hasta de intimidar a los agricultores que les abordaban para reclamarle los importes sin abonar, siempre según las informaciones facilitadas por la Guardia Civil. Los agentes se incautaron de tres escopetas de caza, un rifle y dos pistolas. Una de estas armas, una pistola Sig Sauer de 9 milímetros, la llevaba escondida uno de los sospechosos debajo del asiento del conductor del coche, cargada y lista para usarla.

Las mismas fuentes explicaron que las estafas habrían sido cometidas en Murcia y en las localidades alicantinas de Benejúzar, Almoradí, Bigastro, Daya Nueva y Orihuela, aunque no se descartan que puedan aparecer nuevos perjudicados.

Los corredores hacían alarde de coches de alta gama y relojes caros para dar credibilidad a sus operaciones comerciales

Las investigaciones de los agentes del 'equipo Roca' (que lucha contra los robos en el campo) de Torrevieja permitieron conocer al detalle el 'modus operandi' que utilizaban. Para dar más credibilidad a sus operaciones comerciales, los ahora arrestados hacían alarde de vehículos de alta gama, relojes de marcas lujosas y vestían de manera «muy elegante». Igualmente, cuando establecían el primer contacto con los productores de limones, tanto el padre como su hijo aparentaban muy buenas maneras, se mostraban cordiales y abiertos e incluso pagaban un porcentaje por adelantado del valor acordado, quedando en abonarles el resto una vez finalizada la recolección. Los abonos se iban a efectuar mediante pagarés en los que se establecía un plazo de hasta 90 días.

Sin embargo, los días previos al pago los empresarios renegociaban nuevos plazos, en un intento de evitar que los perjudicados acudieran al banco a hacer efectivos los cheques, ya que no disponían de fondos. De esta forma, con «falsas promesas», iban alargando los plazos a pesar de que sabían que los agricultores nunca llegarían a cobrar. Los dos empresarios, de 51 y 24 años, figuran como propietarios de dos empresas dedicadas a la compra y distribución de cítricos, por lo que compraban la producción a los agricultores de la zona para después ser distribuida en varias cadenas de supermercados.

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