Los acusados en el 'caso Zerrichera' defienden la legalidad de su actuación

Encarna Muñoz Martínez, directora general de Medio Natural y Antonio Alvarado, director general de Calidad, en una imagen de archivo. /J. M. Rodríguez/ AGM
Encarna Muñoz Martínez, directora general de Medio Natural y Antonio Alvarado, director general de Calidad, en una imagen de archivo. / J. M. Rodríguez/ AGM

El abogado de Antonio Alvarado y Encarna Muñoz sostiene que «no hubo confabulación ni conspiración»

EFEMURCIA

Los abogados de los cinco ex altos cargos del Gobierno regional juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia por su intervención en la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas, con protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas y un campo de golf, defendieron ayer la legalidad de su actuación.

Esta nueva sesión de la vista oral, que se inició el pasado 22 de septiembre, comenzó con la intervención del defensor de dos de los acusados, el ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado y la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz. El fiscal Anticorrupción acusa al primero de recabar para sí la tramitación y gestión de la solicitud de recalificación de los terrenos solicitada por el Ayuntamiento de Águilas a instancias del promotor, el Grupo Hispania del empresario Trinitario Casanova, para que llegara a buen puerto. A Muñoz la responsabiliza de haber reabierto el expediente cuando estaba ya archivado por el Consistorio tras la negativa del Gobierno autónomo a la recalificación, por lo que solo podía solicitar su reapertura el promotor.

«Premisas falsas»

El letrado de ambos, Aurelio Llanes, aseguró que, en contra de lo expuesto por la Fiscalía, ese expediente no estaba archivado y Muñoz se limitó a darle trámite para enviarlo al órgano competente para su estudio, por lo que no incurrió en delito. «Su actuación fue absolutamente transparente, ya que remitió el expediente en su integridad», y si el fiscal llega a sostener que fue prevaricadora «es porque parte de premisas falsas». En cuanto a Alvarado, el letrado sostuvo también su solicitud de absolución al considerar que tampoco incurrió en ilegalidad, ya que «actuó siempre dentro de sus competencias y aplicó la normativa vigente». Para el abogado, nunca existió «confabulación ni conspiración» para conseguir la recalificación de terrenos sin respetar los valores ambientales de la finca. Lamentó, además, las «dificultades» con las que se ha encontrado para conseguir la declaración como testigos de funcionarios del Gobierno regional que podían haber apoyado su versión exculpatoria y que no han querido hacerlo «para no tener problemas con otros compañeros».

Criticó, también, la afirmación del fiscal en su informe al aludir a altos mandos del Gobierno murciano como los inspiradores de la recalificación por estar «hecha sin pruebas y sin haber traído a este proceso, que se inició hace diez años, a los posibles aludidos para que se pudieran defender».

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