La accesibilidad universal sigue sin hacerse realidad 14 años después de la primera ley

Personas con discapacidad, familiares y voluntarios de Famdif, ayer en la plaza de Europa de Murcia, durante la protesta./Nacho García / AGM
Personas con discapacidad, familiares y voluntarios de Famdif, ayer en la plaza de Europa de Murcia, durante la protesta. / Nacho García / AGM

Las personas con discapacidad salen a la calle para reclamar el cumplimiento de las normas que instan a eliminar barreras

Javier Pérez Parra
JAVIER PÉREZ PARRAMurcia

La plaza de Europa, en el centro de Murcia, y su inaccesible aparcamiento subterráneo son todo un símbolo de cómo las ciudades siguen siendo una carrera de obstáculos para quienes van en silla de ruedas o presentan una movilidad reducida. Por eso, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Famdif) eligió ayer este emplazamiento para protestar por el incumplimiento de las sucesivas leyes que, desde hace ya 14 años, reconocen el derecho de accesibilidad universal e instan a la eliminación de todas las barreras, tanto las arquitectónicas como las que afectan a bienes y servicios o al disfrute de actividades deportivas o de ocio.

«A estas alturas todas las barreras deberían haber desaparecido, pero todavía nos encontramos con edificios públicos a los que no se puede acceder, o con que prácticamente no puedes ir a ningún cine porque te tienes que poner en un lateral de mala manera donde no se ve nada», se queja Carmen Gil, presidenta de Famdif. Por no hablar de los numerosos bares y cafeterías con accesos o baños sin adaptar, o los autobuses interurbanos, también sin rampas de acceso salvo los que van a algunas zonas de costa en verano. Para Famdif resulta especialmente sangrante la situación de las comunidades de vecinos, «donde las personas con discapacidad tienen a estas alturas que seguir rogando al resto para la adaptación del edificio».

Todo esto debería estar resuelto desde hace tiempo si la legislación en vigor se hubiese ido desarrollando de forma completa. La primera ley estatal de accesibilidad universal se aprobó en 2003. Una década después, la normativa nacional se adaptó a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, mucho más ambiciosa. La ley estableció un plazo: para el 4 de diciembre de 2017, «todos los espacios y edificaciones susceptibles de ajustes razonables» debían estar ya libres de obstáculos discriminatorios. También las infraestructuras y medios de transporte, así como el acceso a bienes, servicios y productos. Pero el plazo está a punto de vencer y la normativa no se ha cumplido, denuncia Famdif. La pervivencia de barreras en todos estos ámbitos «vulnera los derechos de las personas con discapacidad y su igualdad de oportunidades», lamenta Carmen Gil.

A todo esto se suma la lentitud con que la Comunidad Autónoma ha trasladado la normativa estatal a la regional. La Ley de Accesibilidad Universal no se aprobó hasta el pasado mes de junio, después de que el Consejo Económico y Social (CES) le sacase los colores a la Consejería de Fomento y Obras Públicas en 2015 por un primer borrador «ambiguo», «deficiente» e «ineficaz». El CES llegó a decir que el texto no conllevaba «ninguna aportación sobre la situación actual» y solo empeoraba la legislación nacional. La chapuza no se arregló hasta dos años después. Ahora, la ley ya está aprobada, pero su aplicación real depende de la elaboración de un reglamento que desarrolle cada una de las medidas.

«En la garita de seguridad»

En definitiva, para que la accesibilidad universal pase del Boletín Oficial a la vida cotidiana de las personas con discapacidad todavía queda un trecho. Queda, por ejemplo, que terminen las obras de la Delegación de Hacienda en la Gran Vía de Murcia para que quienes llegan en silla de ruedas no tengan que se ser atendidos «junto a la garita de seguridad, porque no hay rampa para subir», se queja Mari Cruz Ballesta, coordinadora de Famdif. O que las aceras de las nuevas zonas urbanizadas no se vean obstaculizadas por señales y semáforos, «como sucede en Miguel Indurain, desde la rotonda del Media Markt a Los Dolores», lamenta Josefa Aragón, una vecina que ya no sabe por dónde moverse porque en la pedanía en la que vive, Zarandona, tiene «el mismo problema con las aceras».

La accesibilidad va, además, mucho más allá de poner rampas, recuerdan en Famdif. De ahí el lema de su protesta de ayer: 'Hecha la ley, hecha la rampa'. Piden una «ambiciosa estrategia de accesibilidad» a través de un plan nacional. También que se empiecen a aplicar sanciones e infracciones a quienes incumplan los criterios de accesibilidad universal, provocando con ello una discriminación. Las personas con discapacidad piden «la implicación de toda la ciudadanía» para perseguir las infracciones y conseguir pueblos y ciudades habitables para todos.

Las protestas se extendieron ayer por 35 ciudades españolas, convocadas por la confederación nacional Cocemfe, de la que forma parte Famdif.

A la espera del desarrollo de la legislación regional

La Asamblea Regional aprobó el pasado mes de junio la Ley de Accesibilidad Universal, que traslada a la Región los principios recogidos en la normativa estatal y los convenios internacionales. Se trata de una ley muy ambiciosa que llega después de una larga tramitación. Pero para que se haga realidad es indispensable la aprobación de un reglamento que especifique cómo se van a aplicar las distintas medidas, encaminadas a eliminar todas las barreras en el acceso a espacios públicos, edificios, bienes y servicios, y actividades de ocio y de deporte. El Gobierno regional tiene de plazo hasta finales de diciembre para sacar adelante el reglamento. La Consejería de Presidencia y Fomento aseguró ayer que hay una comisión técnica en marcha desde octubre integrada por todas las consejerías. «Los distintos departamentos presentarán esta semana sus aportaciones para elaborar el borrador del desarrollo reglamentario. A continuación se presentará a las asociaciones y a todo el sector para recabar su valoración y sus propuestas», explican desde la Consejería.

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