El abogado del Estado pide que se anule la indemnización a los hermanos Diego Pérez

Diego Pérez, víctima del caso Cala Cortina. /LV
Diego Pérez, víctima del caso Cala Cortina. / LV

El letrado considera que el presidente del jurado partió de la falsa premisa de que la relación entre los familiares y el fallecido en el caso Cala Cortina era cercana

EFEMurcia

El abogado del Estado pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que anule la sentencia dictada por el presidente del jurado que juzgó el caso Cala Cortina, y que condenó a cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en lo referido a la responsabilidad subsidiaria del Estado de pagar 50.000 euros a cada uno de los cinco hermanos del fallecido, Diego Pérez.

El recurso, que firma el abogado del Estado Nicolás Valero, señala que el presidente del jurado partió de una premisa falsa, la existencia de una estrecha relación familiar entre el fallecido y sus hermanos.

Para acreditar sus afirmaciones, aporta varios documentos, contenidos en la causa, que demostrarían, por el contrario, que esa relación fraternal no existía.

"De la citada prueba documental -se lee en la apelación- resulta que los médicos de la víctima no conocieron a ningún hermano, llegando a señalar que carecía de familia o de soporte familiar, lo que contradice y vacía de contenido las valoraciones contenidas en la sentencia", que calificó esa relación de "intensa". El presidente recogió también en la sentencia que los hermanos "estaban al tanto de su salud y le llevaban al centro médico".

El abogado del Estado comenta sobre el particular que "la única prueba que ha tenido en cuenta el juzgador, para afirma lo que afirma en su sentencia, ha sido la propia declaración de los hermanos demandantes de indemnización, aun cuando la misma está contradicha con la prueba documental pública que referimos".

Por el contrario, el letrado del Estado no hace objeción alguna a los 200.000 euros fijados como indemnización para la hija del fallecido, Diego Pérez, que encontró la muerte en marzo de 2014, dos semanas antes de que su cadáver apareciera en la playa cartagenera de Cala Cortina.

Por esos hechos, la sentencia ahora recurrida en parte, dictado por el magistrado Jacinto Areste, condenó a cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el traslado del fallecido desde su residencia hasta aquel lugar a penas que suman cuatro años de cárcel por los delitos de homicidio por imprudencia y detención ilegal.

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