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Las cifras de la norma más discutida.
Veinte multas cada semana por faltas y desobediencia a las fuerzas de seguridad

Veinte multas cada semana por faltas y desobediencia a las fuerzas de seguridad

La 'ley mordaza' recauda en la Región 1,4 millones de euros en sanciones durante el año y medio de aplicación de la norma

Alicia Negre

Domingo, 28 de mayo 2017, 01:03

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Ha sido una de las normas más discutidas de los últimos años, pero se aplica a pleno rendimiento. La ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', ha recaudado más de 1,4 millones de euros en multas en la Región en sus primeros 18 meses de andadura, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior. Solo el pasado año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado impusieron más de 2.100 sanciones en la comunidad de acuerdo a esta ley, recurrida ante el Constitucional, criticada por decenas de colectivos sociales y sumida actualmente en una reforma.

Con el arranque de esta norma, aprobada en el año 2014 con la mayoría absoluta del PP en el Congreso, llegó la polémica. La lista de multas y actuaciones proscritas en la norma, en vigor desde julio de 2015, es muy extensa y, según sus detractores, muchas de las sanciones limitan la libertad de manifestación. Algunas de las prácticas que castiga esta Ley de Seguridad Ciudadana, que fue moderada en el trámite, antes eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas.

De esta manera, escapan del control judicial y solo llegan ante los ojos de un magistrado si se recurre la sanción -que puede ir de los 100 a los 600.000 euros- en la vía contenciosa. Un modo de operar que no ha estado exento de críticas.

Solo en el pasado año, esta norma dejó cerca de 44.800 sanciones y 16,5 millones de euros recaudados en todo el país. De las más de 2.100 sanciones que los cuerpos de seguridad impusieron el pasado año en la Región - el 70% de ellas graves y un 30%, leves- destacan especialmente las 708 multas impuestas de acuerdo al artículo 36.1, que castiga el «portar, exhibir o usar armas prohibidas o el uso de armas legales de forma negligente o fuera de los lugares habilitados para su uso».

Con la nueva Ley de Seguridad de Ciudadana en la mano, también se impusieron 117 sanciones el pasado año por «causar desórdenes en vías o establecimientos públicos o por obstaculizar las calles con objetos cuando se cause una grave alteración de la seguridad ciudadana». Una práctica que está catalogada como infracción grave.

Hasta 30.000 euros

Además, de acuerdo a la estadística hecha pública por el Ministerio de Interior, otras 440 sanciones fueron impuestas por los cuerpos de seguridad a ciudadanos por desobedecer o prestar resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como por la negativa a identificarse. Esta es una conducta que la nueva ley cataloga como grave y que puede llevar aparejada una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Catalogada como infracción leve la 'ley mordaza' sanciona también las «faltas de respeto o de consideración» a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Una práctica que, de acuerdo a los datos, también fue bastante frecuente el pasado año en la Región. Hasta 547 sanciones llegaron a expedirse en 2016 por este motivo. Sumadas a las anteriores, arrojan casi una veintena de multas cada semana por un trato inadecuado a los agentes del orden. A nivel nacional fueron más de 19.400 multas en un año.

Equipos 'antidesahucios'

Mucho más minoritarias, pero aún así llamativas, fueron las 35 sanciones impuestas por el artículo 36.4, que combate los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones». Un apartado que puede englobar, por ejemplo, los intentos de paralizar desahucios.

En este año y medio, algunas de las más de 2.800 sanciones impuestas en la Región se han visto envueltas en la controversia. Fue el caso de la multa impuesta a Joaquín Sánchez, el 'cura de los desahucios', y a otros cinco miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) por ocupar un banco para parar el desalojo de una familia. O de la sanción que tuvieron que afrontar dos vecinos de Alhama por fotografiar a unos agentes de la Policía Local cuando instalaban un radar.

Estas dos sanciones fueron las únicas que se impusieron el pasado año de acuerdo al polémico artículo 36.23, que castiga «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

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