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Ricardo Fernández
Miércoles, 24 de mayo 2017, 11:49
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Si muchas de las tuberías y canalizaciones que ahora transcurren bajo la plataforma del AVE por la Vega Baja del Segura no están forjadas en oro macizo no será, desde luego, «por falta de perras», como se dice por esos lares. Porque pagarse, se pagaron a precio de oro de 24 quilates. Un informe del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera, elaborado en base a los datos facilitados por la propia Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), desvela que anteriores dirigentes de esta empresa pública autorizaron el pago de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas que, en algunos casos, llegaron a estar afectadas por un sobrecoste de hasta el 3.109% sobre el presupuesto inicialmente previsto.
La aparente existencia de -cuando menos- graves irregularidades en los procedimientos de control del gasto en la línea del AVE a Levante hizo posible que el montante total de los sobrecostes superara los 60 millones de euros, al pasar de los 11,4 presupuestados en origen a los más de 71,5 que se acabaron abonando. Los investigadores, con la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, al frente, sospechan que la mayor parte de ese dinero acabó engrosando ilegalmente las cuentas de los principales responsables de la monumental trama delictiva investigada en la 'Operación César', que estaría presuntamente integrada por exdirectivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO), empresarios de la construcción y antiguos responsables de la propia Adif.
Cambio de actitud en Adif
Si la actitud de la antigua cúpula directiva del ente público ferroviario ha venido siendo tachada de poco colaborativa por parte de la Guardia Civil y Aduanas, cuando no directamente acusada de presuntos intentos de entorpecer las gestiones policiales, ello parece haber cambiado drásticamente desde la llegada a la Dirección General de Adif de Isabel Pardo de Vera. Además de admitir la aparente existencia de irregularidades en los mecanismos de control del gasto, como habría hecho durante la declaración que prestó como testigo el pasado febrero, esta responsable ha aportado además al juzgado toda la información de que disponía sobre los expedientes de gasto que se abonaron, en concepto de reposición de obras hidráulicas, en los cuatro tramos de las obras del AVE entre Crevillente y Murcia.
Estos datos desvelan que los proyectos de construcción de esos cuatro tramos ya contemplaban, desde su origen, la necesidad de asumir los costes de reposición de las acequias y canalizaciones de huerta que se vieran dañadas por la instalación de la plataforma del AVE. El presupuesto global por ese concepto ascendía a 11,4 millones, pero las presuntas maniobras de la trama dedicada a malversar fondos públicos habrían provocado que acabaran pagándose más de 71,5 millones. El desvío porcentual ascendió así al 626%. En alguna áreas concretas, como las que estaban bajo el control del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el sobrecoste llegó a ser del 3.109%: se pasó de 1,7 millones presupuestados a 52,7 millones facturados y cobrados; esto es, 311 veces más.
Todos estos datos forman parte del mencionado informe de Guardia Civil y Aduanas, que la juez Reverte ha asumido como propio en un auto por el que pide a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que analice si el sistema de 'expedientes de gasto', autorizado por Adif, «se ajustó a la legalidad y a los principios de buena gestión financiera», así como si la antigua cúpula de Adif «cumplió la normativa vigente para autorizar y disponer gastos, además de para el reconocimiento y posterior pago de obligaciones».
La magistrada que coordina la investigación del 'caso AVE' pide por último a la IGAE que establezca la validez o ilegalidad de los acuerdos que firmó el anterior jefe de Infraestructuras de Adif, el ya imputado en esta causa José Luis Martínez Pombo, con el Juzgado de Aguas de Orihuela y con la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, que fueron las decisiones que acabaron abriendo las puertas a la actuación de la supuesta red delictiva.
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