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La sequía nuestra de cada día

La CHS tiene un amplio protocolo de medidas de emergencia difíciles de aplicar en un polvorín sin agua. La cuenca se ve abocada a otra prórroga del decreto de sequía, mientras que la investigación del fiscal en el Mar Menor bloquea a la Confederación

Manuel Buitrago

Jueves, 27 de abril 2017, 00:58

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Los mercados y las grandes cadenas de distribución de Europa funcionan con una dinámica implacable que conduce a los productores de la Región a servir los pedidos de frutas y verduras cueste lo que cueste para no perder clientes. Con el sistema global de la cuenca del Segura en estado de emergencia, la Confederación Hidrográfica subraya que todo el mundo sigue regando, hasta ahora. En épocas pasadas y en situaciones menos acuciantes no faltaron las demostraciones políticas de árboles arrancados y de producciones arruinadas que tuvieron el efecto de un bumerán: se mandaban mensajes negativos a los mercados y era peor el remedio que la enfermedad.

  • Abastecimientos. Penalización de consumos abusivos, control de los vertidos, prohibición de usos suntuarios, cupos, tarifas de sequía, aumentar los recursos externos, etc. De momento no se prevén restricciones, y se han pedido caudales adicionales a Acuamed.

  • Regadíos. Recomendación de plantar menos. Apertura de pozos, que siguen en estudio, aunque el protocolo propone sacar 110 hectómetros. Compras de agua (limitada). Más desalación (limitada). Más trasvases (no previsto).

La mala salud de hierro de la cuenca del Segura la ha hecho resistente a la recurrente sequía, aunque lo cierto es que está cada vez más debilitada. De hecho, a fuerza de acostumbrarse a la escasez, apenas surten efecto las medidas previstas en el plan de actuación para la situaciones de emergencia. Simplemente porque no hay agua.

El riesgo de plantar

La Confederación recuerda que existe un decreto de sequía vigente hasta octubre, que probablemente habrá que prorrogar de nuevo. Este le confiere amplios poderes al presidente del organismo de cuenca, Miguel Ángel Ródenas, para redistribuir usos y movilizar recursos, pero los resultados son insuficientes y limitados. De hecho, si algunas medidas se aplicaran a rajatabla el polvorín que existe en muchas zonas regables sería mayúsculo. Ya lo es en el Campo de Cartagena, donde se ha producido una confluencia letal: el desplome de los recursos del Trasvase no se ha compensado con los miles de pozos de la zona, clausurados formalmente -junto a las desalobradoras- para evitar los vertidos al Mar Menor.

En los últimos años han proliferado las recomendaciones del organismo de cuenca para reducir los cultivos y adaptarlos a las disponibilidades de agua de cada zona, aunque estos consejos no se han seguido. Quienes plantan sin tener los recursos asegurados lo hacen por su cuenta y riesgo, según la CHS. Las opciones para obtener caudales extraordinarios a corto y medio plazo son habas contadas, y los volúmenes pequeños. Por un lado está el incremento de la desalinización, que depende de Acuamed, un organismo cuyos responsables concitan muchas críticas conformen pasan los días debido a su lentitud y falta de resolución. La medida más rápida, en teoría, es la reapertura de los pozos de sequía, que dependen de la CHS, pero que siguen pendientes de los estudios ambientales. En teoría, el decreto de sequía permite acortar los plazos, pero ni se atreven. También crecen las críticas hacia este organismo, al que los regantes reprochan además que tiene proyectos estancados por valor de 40 millones de euros.

Apenas se ven progresos del Ministerio en la interconexión de las desaladoras, y en la rambla de las Moreras, en Mazarrón, donde sería fácil almacenar entre quince y veinte hectómetros anuales con las lluvias.

¿110 hectómetros de pozos?

El intercambio de derechos -compras de agua a otras cuencas- está frenado por el Ministerio y constreñido por los volúmenes que se pueden movilizar. Entre medias hay algunas medidas puntuales, como la venta de 1 hectómetro de agua de las desaladoras de Canales del Taibilla a los regantes.

La investigación de la Fiscalía sobre el Mar Menor ha hecho que muchos trámites de la CHS estén aparcados o semiparalizados. De igual forma, el 'caso 'Acuamed' mantiene noqueada a la sociedad estatal.

El protocolo para situaciones de emergencia prevé numerosas actuaciones enfocadas principalmente a asegurar el abastecimiento a la población, como la activación de un Plan de Emergencia Regional del año 1983, asociado a Protección Civil; resoluciones administrativas de fuerza mayor; intensificación del control y penalización de consumos abusivos; mayores controles sobre los vertidos; la conveniencia de aplicar 'tarifas de sequía' a los ayuntamientos; la prohibición de usos suntuarios; la aplicación de cupos a los municipios, y un largo etcétera.

Otra medida apunta a que se debe incrementar la extracción de agua de pozos con bombeos extraordinarios «hasta alcanzar un máximo de 110 hectómetros». Una medida que obviamente no ofrece resultados.

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