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Pedro Antonio Sánchez, que habla con el portavoz Víctor Martínez, ocupó ayer su nuevo escaño en la Asamblea, justo detrás del asignado al presidente, que heredará López Miras.
La Asamblea hace historia como el primer parlamento que elimina los aforamientos

La Asamblea hace historia como el primer parlamento que elimina los aforamientos

Todos los diputados, incluido PAS, apoyan la reforma del Estatuto de Autonomía, que será aplicada cuando las Cortes la refrenden

Gregorio Mármol

Jueves, 27 de abril 2017, 00:58

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La Asamblea Regional de Murcia escribió ayer un novedoso capítulo de la historia del parlamentarismo español en esta etapa democrática al convertirse en la primera cámara legislativa en aprobar la supresión de los aforamientos para sus propios miembros, así como para los componentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. La decisión fue adoptada por unanimidad, con los votos a favor de sus 45 diputados, incluido el expresidente Pedro Antonio Sánchez, investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia por cuatro presuntos delitos en el 'caso Auditorio' de supuesta corrupción y que está pendiente de otra resolución judicial ya que le atribuyen tres más en la 'Púnica'.

Los aforamientos seguirán vigentes mientras el Congreso de los Diputados y el Senado no refrendan la reforma del Estatuto de Autonomía emprendida ayer por iniciativa de Ciudadanos (Cs), PSOE y Podemos. Mientras tanto, esa figura legal recogida en los artículos 25.2 y 33.7 de la ley orgánica que regula el autogobierno murciano seguirá vigente. El aforamiento supone que ni los diputados regionales ni los consejeros de la Comunidad pueden ser detenidos ni retenidos durante su mandato por los presuntos delitos cometidos en territorio murciano, salvo en caso flagrante. Además, determina que el TSJ es el órgano competente para decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. En la práctica, esa garantía legal es utilizada en la esfera política española para dilatar investigaciones y procedimientos judiciales.

Este cambio normativo sin precedentes ha sido abanderado por Cs como medida anticorrupción y de regeneración democrática. A esa lucha sumó al PP en el debate de ayer a cambio de abstenerse en el previsible segundo pleno de investidura, el sábado, que situará al popular Fernando López Miras en la presidencia de la Comunidad. El primer debate tendrá lugar hoy y el partido naranja votará en contra, alineado con el resto de la oposición.

PAS ocupó ayer el escaño cedido por el portavoz del Grupo Popular, Víctor Manuel Martínez, y coincidió en la sala con su sucesor, sentado en el podio destinado a la Mesa. De ella sigue formando parte, como segundo secretario, hasta que tome posesión como presidente.

En un debate más que previsible, al que solo subió la temperatura Óscar Urralburu, de Podemos, con sus diatribas contra la corrupción y fuertes críticas al PP, el diputado socialista Joaquín López defendió la necesidad de la reforma para quitar «el privilegio» de los aforamientos y reprochó al PP su voto favorable sin convencimiento pleno sobre la medida adoptada, «solo por mantener el poder». También fue crítico con Cs, por apoyar los populares para conservar la presidencia de la Comunidad. López recordó que el PP se abstuvo en un anterior debate en la Asamblea sobre el mismo asunto y lo hizo, aseguró, para proteger a PAS en la investigación del 'caso Auditorio', retrasando su comparecencia ante un juez.

Urralburu despertó a los diputados del PP al iniciar la defensa de la propuesta conjunta citando a una decena de políticos de ese partido imputados por corrupción, entre ellos «nuestro Pedro Antonio Sánchez», dijo socarrón. «Todos los días nos encontramos con una lista creciente de personas investigadas por corrupción y participación en tramas a los que se les imputan delitos gravísimos», insistió dirigiéndose a la bancada popular, para recordar después que la podredumbre en las administraciones implica pobreza. «Nos cuesta cientos de miles de millones de euros en la última década y media: solo en nuestra región, mientras la mitad de los 1,5 millones de murcianos no pueden irse de vacaciones y una cuarta parte vive con ocho mil euros al año, la corrupción nos cuesta 815 euros por habitante y año», añadió con vehemencia, entre reproches de los populares.

Como el socialista López, el portavoz de Podemos también acusó al PP de apoyar la reforma exclusivamente «para mantener el poder. Les da igual el Estatuto de Autonomía». Y a Cs reprochó su colaboración con los populares: «Es esperpéntico, es como mandar al lobo a cuidar de las ovejas».

Privilegio o garantía

El portavoz de Cs, Miguel Sánchez, se sacudió todas las críticas y en tono constructivo presentó a su partido como impulsor de la regeneración de la política mediante la eliminación de los aforados. «No deberían tener miedo a nuestros tribunales. Ha llegado el momento de poner fin a este privilegio y ponernos al nivel de otros países donde solo están aforados los presidentes o primeros ministros», reclamó.

Francisco Jódar, del PP, admitió que el apoyo a la reforma está marcado por la necesidad de dar estabilidad a la Región «por encima de todo». De ahí su renuncia a que la supresión de aforamientos se haga en el marco de una reforma global del Estatuto o en una nacional. «No tiene sentido que la presidenta de la Junta de Andalucía esté aforada y no lo esté el presidente de Murcia, no se puede utilizar la Región como un campo de experimentos políticos». Por ello invitó a los partidos a demostrar que esta decisión «no es estética» y la impulsen en el resto de parlamentos autonómicos.

No obstante, Jódar argumentó que el aforamiento no es un privilegio, sino una garantía para el ejercicio del cargo público y reflexionó: «No cabe duda de que su eliminación es una medida de regeneración democrática. Pero la limpieza democrática no solo consiste en eliminar el fuero de los políticos sino también que un consejero pueda tomar decisiones con libertad, sin amenazas y coacciones penales».

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía pasará ahora al Congreso de los Diputados, donde será defendida por Víctor Manuel Martínez (PP), Miguel Sánchez (Cs) y Joaquín López (PSOE). La previsión es que ese siguiente trámite se dé a finales de año. Después deberá ser refrendada en el Senado para que el cambio entre en vigor.

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