La Verdad

El guardia civil, ayer, durante la vista celebrada en el TSJ.
El guardia civil, ayer, durante la vista celebrada en el TSJ. / J. C.

El fiscal reitera al TSJ su petición de cárcel a un guardia civil que se apoderó de 13.380 euros

  • El letrado del agente mantiene su inocencia y pide que se revoque la condena para evitarle la pena de cinco años

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia acogió ayer la vista de apelación de la sentencia del jurado popular que, en octubre de 2016, declaró culpable al sargento de la Guardia Civil Juan Antonio L.Q., por haberse apoderado de 13.380 euros incautados a un hombre que en noviembre de 2011 mató a tiros a dos transeúntes en Mazarrón.

Durante la sesión, el abogado defensor del sargento expuso los argumentos del recurso presentado contra la sentencia que condenó a su cliente por tales hechos y reiteró la «inocencia» del guardia civil, por lo que solicitó su «absolución». Por su parte, el Ministerio Público se opuso y reclamó a los integrantes de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ que confirmen íntegramente la sentencia recurrida. Esto supondría que el mando de la Benemérita afrontaría una condena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta para empleo o desempeño de cargo público.

Fuentes judiciales avanzaron ayer que el TSJ emitirá el fallo dentro «de unos días». En su momento, el jurado popular declaró culpable al suboficial de la Guardia Civil, en un veredicto en el que quedó probado que se apoderó de los 13.380 euros. Según la versión expuesta por el acusado, el dinero lo dejó metido en un cajón de su mesa, en la Comandancia de Murcia. Más de dos semanas después, tras haber efectuado un viaje a Barcelona para investigar los hechos relacionados con el autor del doble homicidio al que había sido intervenida la citada suma, se encontró con que el dinero había desaparecido del cajón.

A lo largo de su intervención en la vista manifestó que si no denunció en su momento la pérdida del dinero fue por temor a las consecuencias disciplinarias y penales que podían derivarse de ello. También explicó que en la Comandancia no existían en el momento de los hechos suficientes controles de accesos, por lo que cualquier persona podía haberse acercado a su mesa y apoderarse del dinero. El jurado popular no dio crédito a su versión.