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Imagen de la reunión.
El Ministerio señala que las peticiones de los regantes exigen un estudio de impacto previo

El Ministerio señala que las peticiones de los regantes exigen un estudio de impacto previo

La organizaciones agrarias que paralizaron Murcia durante la protesta por el Mar Menor temen una situación catastrófica este verano si no hay agua y reclaman en Madrid agilizar los permisos para la extracción de aguas subterráneas

José Alberto González

Miércoles, 12 de abril 2017, 16:35

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Representantes de una docena organizaciones de agricultores del Campo de Cartagena, vecinos del entorno del Mar Menor y ecologistas exigieron este miércoles al Ministerio de Medio Ambiente que adopte medidas urgentes para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas y de la protección de la laguna salada para evitar otro 'verano negro' en la zona por la contaminación del humedal. El conflicto con el Gobierno se agravó hoy tras mantener el Ejecutivo central su exigencia de realizar un estudio de impacto ambiental integral, antes de autorizar la extracción de 125 hectómetros cúbicos al año en 1.200 pozos para garantizar el riego de miles de hectáreas este verano.

Durante una reunión, celebrada en la sede ministerial en Madrid -un encuentro pactado a raíz de la protesta con tractores que bloqueó el centro de Murcia durante dos días la semana pasada- representantes de distintos colectivos de la Región de Murcia instaron al Gobierno central a agilizar trámites, aunque este se remitió a la necesidad previa de un estudio de impacto ambiental. Entre otras cuestiones, solicitaron impulsar la puesta en marcha de sistemas de eliminación de los nitratos que alteran la composición de las aguas de riego en las depuradoras de San Pedro del Pinatar, San Javier Los Alcázares y Cartagena sur; ampliar el emisario de vertidos al Mediterráneo en San Pedro; reabrir la red de 70 kilómetros de salmoreducto hormigonada en 2016 por exigencia de la Comunidad Autónoma; y permitir de nuevo la extracción de aguas subterráneas en el millar de pozos autorizados, y en otros más de 200 por el periodo de sequía.

Respecto a este último caso se trata de garantizar un volumen suficiente de caudales para los cultivos de la temporada estival y, de forma paralela, ir descontaminando de nitratos el acuífero, que está muy recargado por las copiosas lluvias de diciembre y enero y que perjudica al Mar Menor por la entrada de flujos subterráneos. No obstante, la solicitud para los pozos de sequía todavía está pendiente de ser presentada en el Ministerio, algo que se prevé para los próximos días.

Asimismo, los regantes instaron al ministerio a que facilite la evacuación de aguas desde la rambla del Albujón hasta el emisario de Cala Reona, en Cartagena, a través de la tubería construida por la Comunidad Autónoma. En este caso la Comunidad de Regantes Arco Sur necesita la autorización para la captación de los caudales sobrantes del resto de al comarca y el área de Costas debe permitir el vertido de las aguas ya desaladas y desnitrificadas a través del emisario cuya propiedad tiene el Ayuntamiento de Cartagena. El problema añadido es que el Consistorio tiene pendiente acabar un estudio propio sobre el impacto de esa evacuación en las praderas de posidonia.

En la reunión mantenida participaron los directores generales del Agua, Liana Ardiles; de Calidad y Evaluación Ambiental, Javier Cachón de Mesa, y de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts. Por parte de la Comunidad estuvo presente la directora general de Calidad Ambiental, Encarna Molina. Esta última se comprometió a aplicar la mayor coordinación y rapidez posible en las relaciones con el Ministerio a través de la Consejería.

También asistieron delegados de una docena de colectivos, entre ellos COAG, UPA, Fecoam, Proexport, Sindicato Central de Regantes, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca, Ecologistas en Acción y Cofradía de Pescadores. Asimismo, asistió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas.

La Federación de Asociaciones de vecinos de Cartagena y Comarca reclamó también, como miembro de la Plataforma Pacto por el Mar Menor, la prohibición de cultivar tierras y urbanizar en una franja de dos kilómetros alrededor del mar y habilitar una red de filtros verdes, es decir, humedales artificiales que retengan las escorrentías de aguas de lluvia y agrícolas.

El Ministerio insiste en que los permisos para la dotación de agua y para el resto de actuaciones deben estar precedidas por el correspondiente estudio de impacto ambiental integral, si bien se ha comprometido a hacer todo lo posible por agilizar los trámites. Los agricultores exigen declarar de "interés público" la actuación de los pozos para evitar una situación "catastrófica" que puede abocar a cientos de despidos, al cierre de empresas y a que se seque la mitad del arbolado.

El Ministerio y las organizaciones se han comprometido, por otra parte, a mantener diversas reuniones durante el próximo mes y medio para que el próximo 30 de mayo haya una hoja de ruta con las previsiones a corto plazo, entre ellas un plan integral de regadío

Un plan que «puede llegar tarde»

El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, mostró su "desesperación" por que este encuentro no se hubiera producido el pasado verano y ahora se acuerden unos plazos que pueden llegar tarde para salvar los cultivos.

Tras casi tres horas de reunión, Alarcón consideró "positivo" tener un calendario para comenzar a buscar soluciones, pero aclaró que el campo de Cartagena puede sufrir un "colapso" por falta de agua para la actual campaña antes de que se decidan qué medidas pueden acometerse a partir del mes de junio.

Así, el portavoz de los colectivos presentes en la reunión, en la que también han estado dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y del Gobierno regional, detalló que en ese paquete global de obras e infraestructuras que ha de ser consensuado por todas las partes debe estar el aprovechamiento de las aguas subterráneas.

Sin embargo, Alarcón advirtió del riesgo de que este plan llegue tarde cuando se apruebe el 30 de mayo y que, "por no haber corrido las administraciones, ahora tengan que pagar el pato los agricultores y el mar Menor".

Finalmente, Alarcón no descartó repetir movilizaciones como la ocurrida la semana pasada en Murcia, que bloqueó la capital durante 29 horas con 300 tractores y 90 tráiler hasta que le fue prometido este encuentro, y adelantó que en los próximos días habrá diversas asambleas para decidir los próximos pasos en función de la situación del regadío.

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