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La exalcaldesa de Lorquí abandona, ayer, el Palacio de Justicia de Murcia junto a su abogado defensor.
La exalcaldesa de Lorquí niega que prevaricara y elude alcanzar un pacto

La exalcaldesa de Lorquí niega que prevaricara y elude alcanzar un pacto

«Habré cometido muchos errores, pero no el que se me achaca y lo voy a demostrar», recalca Resurrección García, que irá a juicio en septiembre

A. NEGRE

Sábado, 25 de marzo 2017, 01:18

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La exalcaldesa de Lorquí, la socialista Resurrección García, se negó ayer a confesarse autora de un supuesto delito de prevaricación continuada. García, que estaba citada a una vista en la Audiencia Provincial por si alcanzaba un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, eludió el pacto y aseguró que «tengo que demostrar mi inocencia». Avanzó que esperará a la celebración del juicio, en septiembre. «Creo que tengo razones suficientes para demostrar mi inocencia y en septiembre lo haremos», subrayó la exregidora, que afronta una petición de pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y la obligación de reintegrar a las arcas municipales 57.037 euros.

«Yo no he prevaricado. He dedicado ocho años de mi vida a servir a mi pueblo, ocho años de concejala y doce años como alcaldesa, y nunca he cogido ni un céntimo del Ayuntamiento», remarcó a la salida del Palacio de Justicia de Murcia acompañada de su abogado defensor. «Habré cometido muchos errores, pero no el que se me achaca y lo voy a demostrar».

El escrito de calificación del fiscal reseña que García, alcaldesa de Lorquí entre los años 1995 y 2007, tenía entre sus competencias la resolución de los expedientes por infracciones urbanísticas, cuyas sanciones se pueden reducir en un 50% cuando el infractor admite su responsabilidad, prevé la ley de suelo. La entonces alcaldesa, sin embargo, no se limitó a aplicar esa rebaja, pues -siempre según el fiscal-, «sin respaldo legal alguno», habría dictado resoluciones en las que «imponía multas de manera arbitraria». En concreto, habría reducido las multas en más de un 50%, con lo cual habría «ocasionado un perjuicio a las arcas municipales por 57.037 euros». Estos hechos habrían ocurrido en 27 expedientes urbanísticos tramitados entre los años 2003 y 2007.

La Audiencia citó ayer a la exregidora por si había alguna posibilidad de que alcanzase un acuerdo con la Fiscalía, dados los importantes retrasos registrados en el proceso.

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