La Verdad

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, tras participar en una toma de declaraciones en el Palacio de Justicia.
El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, tras participar en una toma de declaraciones en el Palacio de Justicia. / LV

El fiscal afirma que el archivo del Supremo con Barreiro no daña 'Novo Carthago'

  • Considera que siguen vigentes todos los indicios de delito contra tres exconsejeros, altos funcionarios regionales y técnicos del Consistorio de Cartagena

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El 'caso Novo Carthago' sigue vivo, y bien vivo, pese a la puñalada que le asestó meses atrás el Tribunal Supremo al archivar la investigación abierta contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro. Así al menos lo considera el fiscal Anticorrución, Juan Pablo Lozano, quien acaba de remitir un amplio informe al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia en el que enumera todas las razones por las que seguirían vigentes las sospechas contra tres exconsejeros del Gobierno murciano -los imputados Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués-, altos funcionarios regionales y exconcejales y técnicos del Consistorio cartagenero.

El representante del Ministerio Público advierte de que la resolución del Alto Tribunal solo tiene efectos concretos, «como no podía ser de otra manera, respecto de la no responsabilidad penal de la señora Barreiro», pero en absoluto sobre el resto de los investigados. «Dado que se trata de un auto de sobreseimiento provisional, y no libre, no produce cosa juzgada (...), pudiendo los órganos jurisdiccionales penales de Murcia valorar en conciencia los hechos objeto de autos con libertad de criterio».

Lozano recuerda que la resolución del Supremo no entró a analizar la responsabilidad de los funcionarios y autoridades autonómicos, por lo que en su opinión nada impide que sigan avanzando las actuaciones contra todos los ex altos cargos imputados. Seguidamente, el fiscal esboza lo que parece una crítica al Supremo, ya que este declaró que el plan parcial sobre Novo Carthago estaba ajustado al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2003, «pero no explica, siquiera mínimamente, el fundamento de tal aserto».

Insiste el fiscal en que la pretensión del Consistorio cartagenero de otorgar aprovechamiento urbanístico a un espacio especialmente protegido por sus valores ambientales era «patentemente ilegal», pero admite que a la Comunidad le hubiera bastado con rechazarla, ya que era la que tenía la última palabra al respecto. «De ahí que se siga considerando la existencia de responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios autonómicos» encartados en esas diligencias.

En concreto, apunta como máximo responsable de esas decisiones presuntamente ilegales al exconsejero Antonio Cerdá, de quien dice que «decidió sortear la normativa urbanística y medioambiental con subterfugios de todo tipo y, maniobrando en sus ámbitos de influencia política para conseguir su objetivo, acabó realizando los cambios y modificaciones normativos que estimó necesarios».

Sostiene que «tales mendaces cambios» se basaron «en la arbitraria interposición de la voluntad de las personas mencionadas», y señala expresamente a Cerdá, al exdirector general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, y a la exasesora María Antonieta Fernández. Por lo que se refiere a si su actuación respondió «a posibles motivaciones espurias», admite que no hay nada acreditado hasta el momento, salvo que la citada María Antonieta Fernández recibió más de 125.000 euros entre los años 2003 y 2006, «sin que haya podido dar explicación alguna sobre el origen de ese dinero».

Todas estas consideraciones van incluidas en el escrito de Lozano para oponerse al archivo de la causa respecto del exconcejal Agustín Guillén y de la arquitecta y el jurídico del Ayuntamiento cartagenero.