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Miembros del Pacto por la Transparencia en la asamblea celebrada el 3 de marzo en la Facultad de Letras.
El Pacto por la Transparencia reclama la despolitización del Consejo y la reforma de la ley

El Pacto por la Transparencia reclama la despolitización del Consejo y la reforma de la ley

Solicita a la Asamblea que atienda sus demandas para «restablecer la maltrecha confianza de los ciudadanos en las instituciones»

Julián Mollejo

Sábado, 18 de marzo 2017, 01:37

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El Pacto por la Transparencia, organización promovida por profesionales de distintos ámbitos y que cuenta con unas 400 adhesiones de ciudadanos y organizaciones de toda la Región, lanzó ayer una ofensiva ante la Asamblea Regional para impulsar la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana en las instituciones políticas de la Región de Murcia.

El escrito registrado en el Parlamento autónomo y dirigido a su presienta, Rosa Peñalver, y a los cuatro grupos parlamentarios reclama una reforma urgente y profunda de la ley regional de Transparencia «con el fin último de contribuir a restablecer la maltrecha confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas de la Región».

La carta lamenta las «flagrantes carencias de esta ley que la desacreditan para conseguir mejorar los niveles de transparencia e integridad con los que deberían funcionar nuestras instituciones de gobierno en la Región».

Entre las deficiencias que denuncia, y que fueron puestas de manifiesto en la asamblea abierta celebrada el pasado 3 de marzo en la Facultad de Letras, en Murcia, se encuentran que los ayuntamientos quedan fuera del ámbito de la ley y que el Consejo de la Transparencia carece de personalidad jurídica, de competencias sobre participación ciudadana y buen gobierno y tampoco posee potestad sancionadora para castigar los incumplimientos.

Entre las propuestas que esta organización incluye en su escrito a la Asamblea, está la de diseñar un Consejo de la Transparencia «con una composición despolitizada y verdaderamente independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar».

También solicita dotar al Consejo de «facultades y autoridad para sancionar», así como de competencias «precisas y bien definidas de supervisión en estos tres ámbitos de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana sobre todas aquellas entidades que caigan bajo su ámbito de actuación». El Consejo de la Transparencia, según el Pacto, debería, además, tener la consideración de entidad promotora del voluntariado ciudadano.

Asimismo, se pide que la ley establezca la obligación de que toda la información que faciliten las administraciones sea accesible conforme a los estándares de los datos abiertos, con el fin de cumplir la normativa europea en materia de reutilización de la información del sector público.

El Pacto por la Transparencia concluye su escrito expresando su «más alto reconocimiento a la labor desarrollada por José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia, pese a la escasez de medios, personal y competencias y a los enormes obstáculos que ha encontrado».

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