La Verdad

Hacienda del Álamo pasa factura a Narcís Serra

El exministro de Turismo, José Montilla, durante la inauguración del campo de golf del resort Hacienda del Álamo, en 2005.
El exministro de Turismo, José Montilla, durante la inauguración del campo de golf del resort Hacienda del Álamo, en 2005. / José María Rodríguez / AGM
  • El juez Moreno investiga a la cúpula de Catalunya Caixa por un agujero de más de 720 millones de euros en la entidad

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El fondo estatal creado para el rescate de las antiguas cajas de ahorros ha embocado tras completar un par 16. En el ‘hoyo’ de la Audiencia Nacional está toda la cúpula de Catalunya Caixa (su expresidente Narcís Serra, el exdirector general Adolfo Toldó y otros trece altos cargos) por una presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. En un auto conocido este jueves, el juez Ismael Moreno admitió una querella para investigar al exvicepresidente socialista en su calidad de presidente de esa Caja y al resto de su cúpula, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que denunció 16 operaciones irregulares.

Son todas de carácter inmobiliario y se efectuaron entre 2000 y 2013 por la extinta Caja con una participación del 50 %, junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Procam. Entre ellas figura la realizada para impulsar el resort Hacienda del Álamo. Situado en Fuente Álamo, fue inaugurado en 2005 por el entonces ministro de Turismo, José Montilla. En aquel año, Procam poseía la mayor parte de sus activos en la costa mediterránea, y el más destacado era este complejo residencial y de golf, donde ya había vendido más de mil viviendas. Los activos del resort fuentealamero, valorados en alrededor de 50 millones de euros, pasaron íntegramente a manos de la Caja. La justificación dada por los directivos era «garantizar la continuidad de la promotora a medio plazo». Como sucedió en otros muchos casos, el proyecto solo se ejecutó parcialmente y produjo un daño severo a las cuentas de la entidad.

En su querella, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos; el primero, entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos «relevantes»; el segundo, entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos. La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión». La entidad habría adquirido inmuebles y «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados»; asimismo, hubo irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El Consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta 6 millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real. Entre 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la autorización de la Comisión Ejecutiva. El escrito fiscal apunta también que la decisión del consejo de administración del 29 de abril de 2008, de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria, «fue un error» que supuso un mayor perjuicio. En cuanto a la actuación de Narcís Serra, la denuncia especifica «una total falta de preparación técnica» de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta. Por ello, la Fiscalía concluye que había una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran «quienes realmente decidían en la Caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho». Con este criterio el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).