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Los padres de Lucía sostienen una fotografía durante una manifestación contra el acoso.
Los interrogantes del 'caso Lucía'

Los interrogantes del 'caso Lucía'

La Policía alerta de que el instituto donde la menor sufrió presunto acoso pudo manipular documentación. Los investigadores hallan «grandes contradicciones» en los testimonios de los directivos del centro

Alicia Negre

Domingo, 12 de marzo 2017, 00:40

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Este viernes se cumplieron dos meses del suicidio de Lucía, la adolescente de 13 años que decidió quitarse la vida el pasado enero en su casa de la pedanía murciana de Aljucer. Su muerte, que conmocionó a la sociedad murciana, reabrió el debate sobre el acoso escolar, un calvario que presuntamente la adolescente sufrió ocho meses antes, cuando cursaba estudios en el IES Juan de la Cierva de Patiño y que pudo llevarla a adoptar esa trágica decisión. Un fracaso del sistema, en todo caso, sobre el que la justicia trata ahora de arrojar luz.

El 'caso Lucía' ya está siendo investigado por la Fiscalía de Menores y por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, que hace unas semanas dejó claro, en un contundente auto, que no tiene intención de dar carpetazo al asunto sin llegar al fondo de la cuestión. En manos de la magistrada obra un atestado del Grupo de Menores (Grume) del Cuerpo Nacional de Policía, de más de 130 páginas, al que ha tenido acceso 'La Verdad'. Este concluye que la menor sufrió acoso escolar y fue víctima de un presunto delito contra la integridad moral cuando estudiaba en el instituto de Patiño.

La tutora no fue informada

Los investigadores alertan, asimismo, a la juez instructora de que, a tenor de las pesquisas que realizaron, existen «grandes contradicciones» entre las declaraciones realizadas por la orientadora y la jefa de estudios del IES Ingeniero de la Cierva y el resto de testigos que fueron interrogados. Estas contradicciones, según explica el informe, se basan, sobre todo, en la documentación que ambas manejaron y en las entrevistas que realizaron al ser advertidas de que Lucía podía estar sufriendo un caso de acoso escolar.

La Policía va un paso más allá y concluye que la jefa de estudios descartó esa posibilidad sin recabar la información necesaria. «La persona que más información podría haber aportado, la propia tutora de la menor, ni siquiera fue informada», remarca el atestado policial, que recuerda a la magistrada que los funcionarios de los centros educativos tienen «no solo el deber de custodia y protección de los menores, sino una obligación, más allá de cualquier particular, de poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones penales de las que tengan conocimiento por razón de su cargo».

Este informe explica que, según reconocieron sus compañeros, Lucía sufría «insultos y vejaciones», principalmente relacionadas con su físico, desde el colegio, cuando estudiaba en el CEIP de Aljucer. Si bien eran dos concretamente los alumnos que la tomaban con ella, los otros se reían y la conocían como 'la gorda'.

Lejos de acabar en el colegio, estos insultos acompañaron a la menor en su paso al instituto, un centro que también compartía con esos dos alumnos presuntamente acosadores. «Si bien Lucía era una alumna modelo en lo estrictamente académico, por las personas que la conocían era una menor introvertida y que, según parece, llevaba en silencio todo lo que estaba ocurriendo», explican los investigadores del Grume. Estos advierten de que «por sus escritos, por las pegatinas de su carpeta... llegó a asumir, a interiorizar como verdades y reales aquellas manifestaciones que sobre su físico hacían sus compañeros».

Una vez que Lucía se decidió a hablar con su madre -tras descubrir esta que escondía los bocadillos que le ponía para el instituto-, la familia de la menor acudió al Ingeniero de la Cierva para denunciar el presunto acoso escolar que sufría. A raíz de este episodio, ocurrido en mayo del pasado año, la Consejería asegura que el instituto puso en marcha el protocolo de actuación y todos los mecanismos para estos casos. Según consta en el informe, uno de los alumnos fue expulsado cinco días y otro uno. Además, el centro explica, en este documento, que le asignaron a Lucía varios menores para que actuaran de 'escudo' frente a posibles réplicas y que hicieron un seguimiento exhaustivo de su caso.

Según recoge el atestado, la jefa de estudio y la orientadora del Ingeniero Juan de la Cierva, que eran las responsables de llevar a cabo el protocolo, aseguraron a la Policía que habían mantenido varias reuniones con Lucía, con sus profesores, compañeros y familiares y que controlaron que la menor no volviese a ser molestada por los dos compañeros que fueron castigados. La jefa de estudios explicó a los policías que estuvieron trabajando en el caso un mes y una semana -la Policía subraya que ese proceso, según la norma, no debe prorrogarse más de cinco días- y que, finalmente, entregaron un informe al director del centro, ahora ya jubilado, en el que concluían que no existía acoso escolar y daban por concluido el protocolo.

«Se tiñó el pelo de verde»

Los investigadores, sin embargo, han encontrado «contradicciones» entre sus testimonios y los de otros testigos interrogados. Los alumnos a los que se les asignó la tarea de echarle una mano a Lucía, por ejemplo, explicaron que «en momento alguno les preguntaron por ella» y que ni siquiera estuvieron realizando esa función ese mes y una semana que, aseguran, duró el proceso.

Además, la Policía hace hincapié en el atestado en que el centro incluyó en el informe, que remitió a los investigadores tras el fallecimiento, cuestiones que nada tienen que ver con ese presunto acoso sufrido por la menor. «Hacen constar como aspecto relevante que Lucía cambia su aspecto en el último mes de permanencia en el centro, tiñéndose el pelo de verde», explican.

El atestado policial hace especial énfasis en los problemas que surgieron a la hora de recabar la documentación e, incluso, alertan a la juez de que la declaración de la jefa de estudios, que aseguró que las fechas pueden fallar porque ella no suele fechar los documentos cuando los realiza, «hace pensar que la documentación puede haber sido manipulada». Esta profesional explicó que algunos originales de los documentos no están en el instituto porque «prescriben y se destruyen». La propia magistrada solicitó hace unas semanas, a través de un auto, algunos de los originales de los documentos que supuestamente se elaboraron sobre este caso.

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