La Verdad

Pedro Antonio y la generosa ejemplaridad

Para algunos hay que cerrar filas aunque sea a costa de apartarse de los principios de un partido con el que cada vez cuesta más identificarse

En principio parecería fácil fijar una posición razonable sobre la actitud que tomará el presidente de la Comunidad ante la oleada de críticas vertidas en los medios de comunicación nacionales y regionales, derivadas de los casos penales ‘Auditorio’ y ‘Púnica’, en los que anda implicado. A mi entender, la responsabilidad política, una vez resuelta su investigación (antes imputación) formal por el TSJ, en el primer caso, ha de ejercerse con ejemplaridad generosa, dejando para la Justicia las consecuencias penales, en coherencia con lo que hasta ahora había operado en mi partido.

Así, el 9 de marzo de 1993, actuando como portavoz del Grupo Popular en la oposición, con ocasión de la defensa de la moción de censura al entonces presidente Carlos Collado, dije desde la tribuna de nuestra Asamblea Regional lo siguiente: «Y esta responsabilidad exigida a cualquier político o cargo público debe ser acogida con la serenidad de la inocencia, si se está investido de ella y con la misma serenidad y prudencia presentar su dimisión; y perseverando en esas virtudes de la paciencia y la prudencia esperar una resolución judicial firme, que le procese o le sobresea, que le condene o que le absuelva. Lo que no puede, entre tanto, es someter a la sociedad murciana a que esté pendiente ni serena ante la desconfianza, y la confianza, que es el soporte ético en el que se apoya un político, usted, señor Collado, ya hace muchos días que la tiene totalmente perdida».

«El Presidente de esta Comunidad Autónoma -continué en mi exposición- obliga a la sociedad murciana no a la serenidad sino a la impotencia, no a la prudencia sino a la frustración; no distinguiendo, además, entre la responsabilidad jurídico-penal y la responsabilidad política, bien distinta, que es la que se le está exigiendo hoy aquí». (Diario de Sesiones núm. 82 del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, III Legislatura, pag. 3509). Insisto. Lo dije hace veinticuatro años. Hoy sigo manteniendo los mismos principios.

De igual forma se actuó cuando, el 2 de junio de 2015, siendo presidente del Gobierno regional, el consejero de Industria y sus más directos colaboradores presentaron su dimisión sin dilación tras conocer por la prensa su implicación en el ‘caso Púnica’, dando ejemplo de lo que corresponde hacer en estos casos.

Y así también pensaba el propio Pedro Antonio Sánchez, cuando siendo consejero, al término de la celebración del Día de la Región, manifestó en Archena el día 9 de junio de 2015: «Lo que fallan son las personas, y los que la hacen deben ser señalados y apartados porque la sociedad no puede tener dudas sobre sus políticos».

Hasta aquí, como dije al principio, parece fácil deducir cuál es la salida política más coherente. Sin embargo, al producirse de forma improcedente la filtración de la decisión de la Fiscalía General del Estado sobre el ‘caso Púnica’, imprudentemente vertida a los medios de comunicación por el propio presidente Sánchez tras una conversación privada con el ministro de Justicia, no menos criticada que las supuestas implicaciones delictivas, el panorama cambia.

Ya no importa tanto a quienes pueden decidir sobre el futuro político de Pedro Antonio Sánchez ni su situación, ni el daño que se irroga a la Región de Murcia. Hay que eludir otras responsabilidades que afectan al propio Estado democrático de derecho, al sistema, hay que cerrar filas, aunque sea a costa de apartarnos de los principios que siempre informaron el proceder de un partido con el que cada vez cuesta más trabajo identificarse.

Los partidos políticos, todos, han pasado de defender la máxima de que ‘el que la hace la paga’ a amparar la pesada carga de ‘a los tuyos con razón o sin ella’; de la Ley de Transparencia al «secreto profesional del político»(SIC). Y entre una postura y la otra no solo hay un abismo sentimental sino un muro de hormigón armado que separa la honestidad de la cara dura.

La oposición regional hará uso del artículo 54 de la Ley de Transparencia, que además de una seria amenaza legal para todo investigado, se define entre los motes de los números de la ONCE como el ‘cólera’, cantado antes en la calle Frutos Baeza de Murcia, o por Antoñico, en la calle del Carmen en Cartagena. Se comenta con sorna que este «cólera sospechoso», definido así por mi profesor, don Juan García Abellán, refiriéndose a la epidemia de 1854, provocará diarreas políticas y vómitos judiciales. Que por nadie pase.