La Verdad

La Región aprueba con un 6 en aplicación de la Ley de Dependencia

  • Murcia consigue doblar la nota de 2016 y logra un aprobado solvente después de dos años

Un total de 348.309 dependientes, el 29 por ciento del total, no reciben ninguna de las prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que denuncia que 90 personas mueren cada día mientras esperan atención.

El informe evalúa la aplicación de la ley de dependencia por comunidades autónomas con un resultado desigual: ocho suspensos y nueve aprobados.

Las calificaciones más bajas corresponden a Canarias (1,79), Aragón (2,5), Navarra (2,86), Comunidad Valenciana (3,21), Cantabria y Baleares (3,57), Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64).

En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas, se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).

La Región de Murcia ha tenido un desarrollo irregular en los últimos años. Después de llegar al aprobado con un cinco en 2014, mostró una tendencia a la baja en 2015 (3,75) y en 2016 (2,9), que ha sido ampliamente solventada atendiendo al informe de 2017, que otorga a la Región una nota que dobla la del año anterior.

José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, lamentó las "gravísimas desigualdades entre territorios" y opinó que hay comunidades autónomas que necesitan "un cambio drástico de modelo de gestión y una inyección financiera específica".

Tras diez años de desarrollo de la ley de dependencia, el informe considera "imprescindible" dotar de suficiencia financiera al sistema para "cumplir con la ley", atender a los dependientes reconocidos y afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante el país.

En los últimos cinco años, se estima que 150.000 dependientes fallecieron mientras esperaban que se les aplicara la ley.

Con noventa fallecidos al día sin haber podido ejercer su derecho, "hay que recuperar lo recortado y plasmarlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2017", señaló Ramírez.

Resaltó que hay 350.000 personas que no pueden esperar a los acuerdos a los que se pueda llegar en la negociación sobre la financiación autonómica.

El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia en los últimos cuatro años asciende a 3.734 millones de euros, "considerando la eliminación del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares", subrayó.

En España, hay 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone que un 2,6 por ciento de la población necesita apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o menor medida, de acuerdo con datos del Imserso a 31 de diciembre de 2016.

El 35 por ciento de las personas desatendidas (122.000) son dependientes de Grado III (gran dependencia) o Grado II (dependencia severa).

La aportación de los usuarios o copago supone un 20 por ciento del gasto directo en dependencia.

La Administración General del Estado aporta el 17 por ciento de la financiación del sistema y las comunidades autónomas el 83 por ciento restante, "muy lejos" del 50 por ciento establecido en la ley.

La reactivación de las atenciones producida en 2016 es "insuficiente" para dar respuesta a los dependientes que están en lista de espera, dijo Ramírez, quien ha estimado que, a este ritmo, no se cubriría su asistencia ni en los próximos cuatro años.

"Si se atendiera ya a las 350.000 personas que están en lista de espera -simplemente cumpliendo con la ley- se generarían más de 90.000 empleos directos", indicó.