La Verdad

La Justicia europea avala el plan de pagos que permitió al SMS saldar sus deudas

  • El rechazo del tribunal al recurso de un proveedor de la sanidad murciana salva al Ministerio de Hacienda de abonar 3.000 millones en intereses de demora

El Gobierno central respira más tranquilo al ganar ayer una importante y poco ruidosa batalla en los juzgados europeos iniciada por una entidad financiera que había adquirido deuda de empresas proveedoras del Servicio Murciano de Salud (SMS). El Tribunal de Justicia de la UE ha salvado a Hacienda de tener que pagar los intereses de demora a las pymes y autónomos que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores en toda España, lo que hubiera supuesto un desembolso de unos 3.000 millones, según las estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). La Justicia europea ha dado la razón al Gobierno frente a las pretensiones de la empresa IOS Finance, que presentó un recurso en un juzgado de instrucción de Murcia que ha acabado en el más alto tribunal comunitario.

En concreto, la sentencia avala la tesis defendida el pasado mayo por la Abogada General de la UE y considera que la renuncia a los intereses de demora a cambio del pronto pago no es contraria a la normativa comunitaria siempre y cuando se produzca de manera «libremente consentida». Con este fallo, los magistrados evitaron el serio contratiempo que hubiera supuesto para el departamento que dirige Cristóbal Montoro tener que hacer frente a ese enorme pago en un momento en el que las dudas de Bruselas sobre el cumplimiento del déficit este año son cada vez mayores.

El problema en cuestión se remonta a la puesta en funcionamiento del Plan de Pago a Proveedores en 2012, un mecanismo de financiación con el que el Gobierno pretendía abonar las facturas pendientes de la administración y reducir así la elevada morosidad que afectaba a los proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. Y es que algunas facturas llevaban años en los cajones. Para el Servicio Murciano de Salud (SMS), que llegó a acumular deudas superiores a los 900 millones de euros, el Plan de Pago a Proveedores fue una auténtica tabla de salvación. Sin embargo, en el artículo 9,2 de la normativa se recogía que quienes se acogiesen al plan para cobrar estas deudas renunciaban, al mismo tiempo, a los intereses de demora. Algunos proveedores consideraron que este punto era ilegal porque la directiva europea define como cláusula abusiva obligar a renunciar a este cobro por demora.

Contencioso en Murcia

Es el caso de la empresa IOS Finance, que adquirió los créditos pendientes de pago entre los años 2008 y 2013 de varios proveedores del Servicio Murciano de Salud. La compañía se adhirió al mecanismo de financiación, pero denunció el impago de los intereses por vulnerar el derecho comunitario. El asunto llegó al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Murcia, que elevó en diciembre de 2014 la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, que ahora da la razón a Hacienda. O mejor dicho, rechaza los argumentos de los denunciantes.

La sentencia afirma que la directiva comunitaria no se opone a que «el acreedor renuncie libremente al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro» siempre que el consentimiento haya sido «efectivamente libre». Es decir, la clave está en la voluntariedad de la renuncia, que es el argumento utilizado por el Gobierno al considerar que los proveedores sabían que al adherirse al plan renunciaban a los intereses de demora.

En cualquier caso, el tribunal insiste en que es necesario comprobar que el acreedor «haya podido realmente disponer de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora». Pero eso será labor de los tribunales españoles y, en concreto, del juzgado de lo Contencioso número 6 de Murcia.