La Verdad

Jueces para la Democracia reclama que la Fiscalía debe «mantener su imparcialidad»

  • La asociaciación denuncia que las declaraciones de Catalá «no respetan la autonomía del Ministerio Fiscal»

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) calificó este viernes como "desafortunadas" las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por la Fiscalía General.

Rafael Catalá manifestó ayer a la SER que lo "anómalo" en este caso es que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la Fiscalía. Pero, sobre todo, me extraña que se ponga en conocimiento público".

"Quienes tienen un problema son las fiscales cuyo criterio no ha sido soportado", señaló el ministro, antes de apuntar que él se pone más "del lado de sus jefes".

En una rueda de prensa en la que han presentado las conclusiones del Comité Permanente de Jueces para la Democracia, los portavoces de esta asociación, Ignacio González y María del Mar Serna, calificaron las declaraciones de Catalá como "desafortunadas".

Consideraron que "no respetan la autonomía del Ministerio Fiscal", que debe mantener su "imparcialidad y desvincularse de cualquier servidumbre hacia el poder Ejecutivo".

Defendieron la necesidad "inaplazable" de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para proteger a esta institución de la "falta de cultura" por parte de los políticos de respetar la "independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales".

"Las declaraciones del ministro de Justicia no ayudan a que la ciudadanía vea que existe una división de poderes y que jueces y juezas resolvemos en función de la ley y no por presiones de carácter político", explicó María del Mar Serna.

Asimismo, expusieron su preocupación por la situación actual del Consejo General del Poder Judicial, órgano que debe "recuperar las competencias" que tenía antes de la reforma del exministro de Justicia Alberto Gallardón y dotarlo de un sistema de funcionamiento "colegiado" frente al "presidencialista" que tiene ahora.

Además, pidieron "transparencia" en los procesos de selección de los altos cargos judiciales y que se respeten los criterios objetivos de "mérito, capacidad e igualdad de género".

Por otra parte, criticaron que el Consejo de Ministros haya indultado recientemente a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), a pesar de estar condenados por "delitos continuados de prevaricación", lo que consideran que deja como "papel mojado" las resoluciones judiciales y no es una "buena manera de combatir la corrupción".

También se refirieron a la aprobación del acuerdo de comercial CETA entre la Unión Europea y Canadá, al que aducen varios problemas de funcionamiento y que no vela por unos "estándares mínimos de protección de los consumidores".

Al tiempo que han explicado que éste viola el derecho de jurisdicción de los Estados al introducir la figura de los tribunales de inversiones, que están "suplantando a los miembros de la carrera judicial, que cuentan con unos estatutos de independencia e imparcialidad, por unos árbitros".

"Existe un sistema judicial tanto a nivel estatal, en cada país, como a nivel europeo, con el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero este tipo de tratados no están respetando las garantías jurisdiccionales propias de un Estado de derecho", expresó Ignacio González.