La Verdad

La oposición exige al fiscal que explique en el Congreso su decisión de no acusar a Sánchez

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, firmando ayer en un acto de entrega de becas a deportistas murcianos.
El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, firmando ayer en un acto de entrega de becas a deportistas murcianos. / CARM
  • El Gobierno niega que diese instrucciones a Maza, mientras el PSOE denuncia una «injerencia en toda regla»

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El PSOE encontró ayer el apoyo del resto de los grupos de la oposición para que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acuda al Congreso a explicar la decisión de no acusar de corrupción al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio del juez y de las fiscales del caso. Los socialistas consideran que se trata de una «injerencia» en toda regla del Gobierno porque sospechan que instruyó a Maza para que no suscribiera la acusación de fraude, cohecho y revelación de información reservada en unos contratos con la 'trama Púnica'.

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público siempre han sido materia de discusión con la oposición, sea esta del color que sea. Los socialistas, con muchos años de experiencia en el Gobierno, las conocen bien y consideran que la actuación de Maza en el caso del presidente murciano y la 'trama Púnica' es un ejemplo de libro de intervencionismo gubernamental. Máxime cuando el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y las dos fiscales del caso, Teresa Gálvez y Carmen García, consideraron que había indicios suficientes de una conducta corrupta por parte de Sánchez en sus tratos con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los pesos pesados de la red de contratos fraudulentos.

Fuentes socialistas del Congreso recuerdan que el Gobierno del PP se ha jactado en otras ocasiones de su capacidad de influencia en la Fiscalía, y cita el caso del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien prometió al director de la Oficina Antifraude de Cataluña la colaboración del Ministerio Público en una denuncia contra dirigentes independentistas. «Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión», comentó Fernández a Daniel de Alfonso, según las conversaciones entre ambos grabadas en el despacho del ministro. También rememoran que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, adelantó la actuación de la Fiscalía en las conversaciones también grabadas entre ella y una exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga de Barcelona.

El propio Pedro Antonio Sánchez demostró tener un alto grado de conocimiento del pensamiento de la Fiscalía en su causa porque el martes, en declaraciones a la Cadena Cope, se jactó, antes de que trascendiera lo que había pasado, de que cuatro fiscales del Supremo eran contrarios a su acusación de cohecho, como así fue. Por todo ello, el PSOE y otros grupos de la oposición, sobre todo Podemos, creen que el fiscal general se movió de acuerdo a las órdenes del Gobierno. El diputado socialista por Murcia Pedro Saura considera que lo sucedido con Pedro Antonio Sánchez y la Fiscalía, además de ser «muy grave», demuestra que la acusación pública actuó como el «brazo ejecutor del Gobierno y el PP para que no se investigue» la relación entre el presidente de la Comunidad y la 'trama Púnica'.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que debe haber «consecuencias» si se demuestra que la Fiscalía ha sido utilizada «por el Gobierno para favorecer a un presidente de una comunidad del PP que ha sido imputado» por el juez instructor. Más moderado pero también molesto se mostró el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para quien «como mínimo» es criticable, aunque sea legal, que la Fiscalía haya ordenado no acusar al presidente del Murcia en contra de sus dos representantes en el caso. Rivera recordó, además, que el propio Sánchez se ha comprometido a abandonar su cargo si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputa formalmente.

El líder de Ciudadanos subrayó que el PP de Murcia asumió la dimisión de Sánchez ante una imputación por corrupción en el acuerdo de investidura firmado con su formación política. Más aún, el abandono del cargo viene también establecido en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región. Tanto el pacto como la ley prevén la dimisión de aquellos cargos públicos que sean investigados por delitos de corrupción.

Por tanto, si se formalizara esa investigación, «nosotros pediremos la dimisión del presidente porque lo ha dicho el presidente, porque lo dice el acuerdo de investidura y porque lo dice la ley», zanjó Albert Rivera.

Las críticas a la actuación del fiscal general llegaron también ayer desde el PDeCAT, la antigua Convergencia. El portavoz de esta formación en el Congreso, Francesc Homs, acusó al Gobierno de recurrir a la «manipulación» de la Justicia en su favor, y se mostró muy «preocupado» por cómo entiende el PP la «calidad de la democracia» y por cómo «usa y abusa» del Estado de Derecho. Homs comparó la actuación del fiscal en el caso de Pedro Antonio Sánchez con su papel en las causas abiertas en Cataluña por el proceso independentista.

«El funcionamiento normal»

El ministro de Justicia, que recordó que no habría nada ilegal en que el fiscal general hubiera impuesto su criterio a sus subordinadas porque la carrera fiscal se rige por el principio jerárquico, negó las presiones a Maza que le atribuye la oposición. «Nunca, en ningún caso» el Gobierno ha ordenado a la Fiscalía General del Estado que actúe «en un sentido u otro», aseguró Rafael Catalá.

El ministro apuntó que hubiera podido hacerlo porque existe «un cauce en el estatuto orgánico (del Ministerio Público) para requerir a la Fiscalía que actúe en un sentido o en otro», pero en este caso no se ha utilizado. Lo que ha ocurrido, prosiguió, demuestra «el funcionamiento normal de la Fiscalía» porque en los representantes del Ministerio Público deben tener en cuenta «los informes de sus superiores» en la toma de decisiones.

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, negó ayer cualquier «injerencia» del Gobierno en la Fiscalía y subrayó que los fiscales actúan autónomamente. En este sentido, recordó que al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, le acusó el fiscal jefe de Murcia.

«El Gobierno no tiene ninguna injerencia, ni en este tema ni en otros, y a las pruebas me remito. Hay fiscales que, en el ejercicio de su actividad, acusan con normalidad y con independencia del color político de la persona», resumió en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Las críticas de la oposición llegan desde el Congreso de los Diputados, de la mano de los principales líderes, y también desde la Asamblea Regional. El secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar, advirtió de que «es un escándalo que el PP intente usar la Fiscalía General para salvar a Pedro Antonio Sánchez». Óscar Urralburu, de Podemos, acusó a Mariano Rajoy de «manipular» a la Fiscalía «porque no tiene claro que el jefe del Ejecutivo murciano sea inocente».