La Verdad

Catalá arremete contra las fiscales y tacha de «anómala» su actuación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. / EFE
  • El ministro de Justicia critica que se hayan negado a firmar el escrito de Anticorrupción en el que pide que no se investigue a Pedro Antonio Sánchez | José Manuel Maza asegura que «en absoluto» ha recibido presiones

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia "sea de conocimiento público".

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen".

"Así funciona siempre la Fiscalía, no hay ninguna manipulación", ha remachado, y ha añadido que no cree que los fiscales que están en los máximos niveles de la institución, con 40 años de carrera a sus espaldas, vayan a dejarse presionar.

A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate el criterio de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción y las fiscales se nieguen a firmar un informe. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.

El ministro negó que exista ningún tipo de injerencia o indicación por parte del Gobierno a la Fiscalía General del Estado para que no actúe en contra del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

En declaraciones en el Congreso, Catalá subrayó que en este caso hubo cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que coincidieron en considerar que no había responsabilidad penal, y recordó que en asuntos relevantes como éste los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores.

Sobre el caso de Pedro Antonio Sánchez, el ministro recordó que los informes de la cúpula de la Fiscalía eran discordantes con los de los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y ha señalado que en este caso el criterio que se impone, "lógicamente", es el de los superiores, en una institución como la fiscalía que es, ha subrayado, "jerarquizada".

"Cada uno de los fiscales tiene autonomía pero al final tiene que haber una voz única" y la fija el criterio de la Fiscalía General del Estado, ha añadido.

La decisión de no acusar a Sánchez la firmó la teniente fiscal Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por el fiscal general del Estado, quien ha afirmado que no tuvo ningún tipo de presión política al respecto y que actuó de acuerdo con el planteamiento de la Secretaría Técnica y los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Ese criterio no es el de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, quienes, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

En ese contexto, Catalá recordó que el lunes pasado el fiscal general del Estado dictó un decreto, un documento jurídico donde analiza las circunstancias, y que acaba diciendo que se formalice una acusación contra unas personas y no contra otras. Tras este decreto todos los fiscales "tienen que actuar con unidad de criterio".

El titular de Justicia dijo que no le preocupa la actuación de la Fiscalía porque está dentro de su "normal funcionamiento".

Y añadió que quizá lo único preocupante es que se pueda transmitir que hay discrepancias porque eso es muy normal que suceda a lo largo de un procedimiento, pero cuando finalmente la Fiscalía fija un criterio debe ser llevado adelante por todos los representantes del Ministerio Público.

Rafael Catalá consideró por otro lado que no es cierto que Pedro Antonio Sánchez supiera cuál iba a ser el criterio de la Fiscalía, porque si se ve la secuencia los hechos sobre cuándo se dictó el decreto y cuando habló de él el presidente de Murcia "no hay caso" en este sentido.

Esta mañana, el titular de Justicia aseguró que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica" porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, y en ese decreto se daban estos detalles. Y, aunque ha dicho no saber cómo le llegó a Sánchez la información, cree que entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana pasaron "las horas suficientes" y el documento pasó "por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto".

Eso sí, opinióopinado que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción" a la demostrada últimamente, refiriéndose concretamente al acuerdo de conformidad "en otro caso con mucha relevancia" desvelada el jueves pasado. Catalá aludía previsiblemente al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y siete empresarios acusados en el caso Gürtel que admitieron haber financiado al PP valenciano y así lograron penas de prisión inferiores a dos años, lo que les permitirá evitar la cárcel.

El ministro de Justicia aseguró en todo momento que no ha habido "ninguna" injerencia del Gobierno a la actuación del fiscal.

"Ninguna injerencia, ninguna indicación, ninguna interferencia en la actividad de la Fiscalía", señaló el ministro.

Además se refirió al "fondo" de este caso, en el que se acusa al presidente de Murcia, por parte de dos fiscales, de haber intentado generar un contrato para mejorar su reputación en las redes sociales, "contrato que no se celebra" y sobre el que por tanto "no hay ningún pago".

Además lamentó que se ponga en duda la actuación de los fiscales que defienden no imputar a Sánchez pero nadie pregunte por la de quienes defendían acusarlo.

"Por qué nos preocupa tanto que los fiscales de sala del Supremo y la Secretaría Técnica consideren que no hay delito y si nos preocupa que dos fiscales consideren que sí hay delito", señaló.

Y ha insistido en que no se debería transmitir a los ciudadanos una sensación de "incertidumbre" o "inseguridad" sobre lo que es el "normal funcionamiento" de una institución en la que hay "debate" jurídico y "legítimas discrepancias", y en la que al final, ha recalcado, "prevalece el criterio de los superiores".

Por otra parte, preguntado por Pedro Sanz, Catalá habló de un "error absoluto" en la información según la cual la Fiscalía General también impidió acusarlo por la construcción de un chalé en terrenos ilegales.

"Según me ha informado el fiscal general del Estado, ellos no han modificado el criterio de los fiscales", y no hay ningún documento ni papel de la Institución que le diga a los fiscales de ese caso lo que tienen que hacer.

El acuerdo con C's «se presta a interpretación»

Por otro lado, Catalá ha respaldado el criterio del PP, que defiende que Sánchez no debe dimitir aunque sea "investigado", sino en el caso de que se le abra juicio oral, en contra de lo que defiende Ciudadanos.

La dimisión de los "imputados" es uno de los puntos de los acuerdos firmados entre PP y Ciudadanos para el Gobierno nacional y también para el Gobierno de la Región de Murcia, pero ahora el término "imputado" ya no existe formalmente, sino que, en la fase de instrucción, los acusados son "investigados" hasta que se decide si se les procesa o no.

Por eso, Catalá cree que el acuerdo "se presta a interpretación", de manera que si los firmantes tienen alguna duda "se tendrán que sentar" para aclararlo.

Es más, ha afirmado que el PP tiene bien claro lo que quiso decir con ese acuerdo, "que la mera declaración como investigado no es el punto" en el que un político tiene que dimitir, sino que la "imputación formal" equivale a la apertura de juicio oral, que es el momento en el que, según el PP, debe marcharse un responsable político.

El fiscal general niega presiones

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público recibió presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' y al respecto afirmó que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.

"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mi esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está invetigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", aseveró Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.