La Verdad

Adela Martínez-Cachá.
Adela Martínez-Cachá. / V.V.

Martínez-Cachá tendrá que declarar como investigada por el 'caso Guardería'

  • El TSJ abre diligencias contra la consejera de Agricultura por un presunto delito de prevaricación cuando era concejal de Murcia

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La consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, tendrá que declarar en calidad de investigada (imputada) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un presunto delito de prevaricación administrativa que habría cometido al apoyar, cuando era concejal del Ayuntamiento de Murcia, el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz.

El juez instructor del 'caso Guardería', Enrique Quiñonero, ha citado a declarar a Martínez-Cachá el próximo día 24. La investigación se centra en los acuerdos que adoptó en 2007 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para el traslado y posterior demolición de la escuela infantil del barrio de La Paz. Martínez-Cachá formaba parte de esa Junta de Gobierno y votó a favor junto con el resto de ediles del PP. De hecho, todos los concejales implicados fueron ya imputados salvo la actual consejera de Agricultura, quien por su condición de aforada solo puede ser investigada por el TSJ. El tribunal se declaró competente para investigar a Martínez- Cachá el pasado mes de diciembre. El instructor de este caso, el magistrado Enrique Quiñonero, dio ayer un paso más al citar a la consejera para su declaración. En una «valoración muy provisional» de los hechos investigados en origen por el Juzgado de instrucción número 1 de Murcia, el magistrado Enrique Quiñonero considera que podría haberse cometido un delito de prevaricación administrativa.

El pasado 19 de enero, el TSJ desestimó el recurso que Martínez-Cachá presentó contra la resolución por la que la Sala de lo Penal se declaraba competente para investigarla. Las diligencias elevadas al Tribunal Superior tratan de determinar si varios miembros de la Corporación local de Murcia, entre ellos el exalcalde Miguel Ángel Cámara y la actual consejera, incurrieron en algún ilícito penal cuando acordaron el derribo de la guardería de La Paz de esta capital para la remodelación del barrio por parte del promotor José López Rejas. Este constructor proyectaba una rehabilitación integral de la zona y construir 1.502 viviendas, que no llegaron a edificarse.

La investigación llegó al TSJ a raíz de la exposición motivada que elevó el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que durante varios años tramitó las diligencias oportunas, archivadas y reabiertas en tres ocasiones. La titular del Juzgado, Ana Isabel Navarro Prieto, dejó constancia de que la decisión de demoler la escuela infantil de La Paz, con circunstancias tan llamativas como no pedirle aval alguno al constructor que se beneficiaba de la operación urbanística, «pudo haber sido una decisión estrictamente política del alcalde y de su Junta de Gobierno».

Además del exalcalde Cámara y de Martínez-Cachá, en la causa han sido ya imputados Maruja Pelegrín, hoy concejal de Comercio; Antonio Castillo, Joaquín Moya-Angeler, Pilar Megía, Francisco Porto, Fernando Berberena, el jefe de Escuelas Infantiles, José Antonio Peñaranda, y y el promotor José López Rejas