La Verdad

Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez.
Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez. / LV

Las fiscales de 'Púnica' afirman que Sánchez concertó «un plan criminal» con Barreiro

  • El informe definitivo del Ministerio Público acusa a la senadora de urdir con el presidente el pago de la mejora de sus reputaciones con fondos de Educación

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Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez, las dos fiscales de la Audiencia Nacional que a lo largo de dos años han impulsado la investigación del 'caso Púnica', hombro con hombro con el magistrado Eloy Velasco, tienen muy claro que existen suficientes indicios de delito contra el exconsejero de Educación y hoy presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, como para remitir el asunto al Tribunal Superior de Justicia y reclamar que sea investigado por varios supuestos delitos. Sin embargo, la intervención del fiscal general, José Manuel Maza, quien después de consultar a la Secretaria Técnica y a cuatro fiscales del Supremo consideró que no había bastantes razones para actuar penalmente contra Sánchez, obligó a sus dos subordinadas a renunciar a su planteamiento inicial.

De esta forma, todo el contenido del informe referido al presidente murciano quedó anulado y se vio sustituido por un solo folio, firmado por la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, que en quince líneas ofrece las razones jurídicas por las cuales la Fiscalía estima que Sánchez debe quedar libre de sospechas.

Esta circunstancia no ha impedido, sin embargo, conocer los argumentos que las dos fiscales del 'caso Púnica' habían esgrimido contra el jefe del Ejecutivo murciano. Y es que el apartado que recoge todos los indicios delictivos existentes contra la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora, Pilar Barreiro, es especialmente prolífico en referencia a la actuación presuntamente delictiva en la que, a juicio de estas dos profesionales, habría incurrido Sánchez.

Así, las dos fiscales mantienen que la 'Pieza Separada número 3', referida a la rama murciana de la 'Operación Púnica', «se sigue contra una trama de autoridades públicas y funcionarios que hicieron un uso desviado de su poder en la adjudicación de contratos, así como de empresarios favorecidos por las citadas adjudicaciones, de las que se enriquecieron ilícitamente todos ellos a costa de las arcas públicas».

En su informe, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, avanzan que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos mercantiles, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.

Relatan que las actuaciones ilícitas se iniciaron cuando el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y su socio Alejandro de Pedro, «aprovecharon sus influencias políticas» para realizar trabajos de reputación a autoridades de las administraciones local y autonómica, «a cambio de situarse con privilegio en el paquete de adjudicaciones» de contratos públicos.

La «estrecha amistad» de Alonso con la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, permitió que esta política, «ante las noticias negativas que se publicaban por su participación en ilícitos de corrupción urbanística», entrara en contacto con De Pedro.

Ocurrió en el primer trimestre de 2014 y permitió llegar a un acuerdo para que «la mercantil Eico trabajase de forma confidencial la reputación de Barreiro, costeando el erario público esos trabajos personales».

Así se montó un diario digital en Cartagena y se contrató a un periodista, «dirigido a difundir noticias positivas de la misma para neutralizar los efectos de las noticias negativas que se publicaban sobre su presunta participación en un caso de corrupción conocido como 'Novo Carthago'». Los trabajos fueron abonados presuntamente con cargo a los fondos para la publicidad institucional del Consistorio.

Sin embargo, señalan las dos fiscales que no se quedaron ahí esas tareas, ya que «Barreiro se interesó por la realización de otros servicios de reputación más completos». Un plan que, siempre según estas profesionales, le llevó a proponer a Pedro Antonio Sánchez, que Alonso y De Pedro también «trabajasen la reputación del entonces consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él se publicaban en internet». Además le propuso que los presuntos líderes de la 'trama Púnica' utilizaran sus influencias políticas en el PP nacional para promocionarlo, «ya que Sánchez se postulaba, junto al consejero Juan Carlos Ruiz, a ser candidato de su partido a la presidencia de la Comunidad».

«El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Sánchez -concluyen las fiscales- permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por Eico a Barreiro y a Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación». Para ello se iba a «adjudicar desde la Consejería un contrato de cobertura, que simularía como objeto la 'formación', un concepto genérico y vinculado a las competencias» de ese departamento. «Dicho contrato les permitiría desviar fondos públicos de dicha consejería a favor de las empresas de De Pedro y Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».

Tres reuniones en Madrid

Las conversaciones telefónicas intervenidas con motivo de la investigación de 'Púnica' permitieron conocer que los cuatro protagonistas «mantuvieron contactos y reuniones en hoteles de Madrid, manteniendo reservados esos encuentros, para fraguar ese contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública de Murcia». En concreto, cita las reuniones que mantuvieron el 11 de junio de 2014 en Madrid entre Barreiro, Sánchez y De Pedro, y otras dos posteriores, los días 22 de septiembre y 21 de octubre, en el Hotel Palace y en el Hotel de las Letras, respectivamente.

La labor de reputación pasaría por la creación de un diario, murcianoticias.es, para la publicación de informaciones positivas a ambos políticos, y la contratación de un periodista. Y ello al precio de 2.100 euros mensuales por Barreiro y 4.600 euros por Sánchez, que es «el perjuicio a las arcas públicas que habría supuesto el plan criminal».

«La última fase de las maquinaciones la marcó la reunión del 24 de octubre de 2014 en la Consejería de Educación, donde se estableció como inicio de los trabajos a Barreiro y Sánchez el 1 de noviembre de 2014».

La conclusión a la que llegan las dos representantes del Ministerio Fiscal es que solo una circunstancia imprevisible impidió que esos supuestos planes delictivos se consumaran: «Las actuaciones policiales/judiciales realizadas el 27 de octubre de 2014 -apenas cuatro días antes del plazo fijado en el presunto acuerdo-, en el marco de la 'Operación Púnica'», que significaron la detención de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso y «evitaron una grave lesión al erario público».

Curiosamente, por todos estos hechos de los que la Fiscalía exime de responsabilidad a Sánchez sigue siendo acusada, sin embargo, Pilar Barreiro. Su asunto va, si nada lo impide, encaminado hacia el Supremo.