La Verdad

La Audiencia avala que la juez abriera la investigación del 'caso Pasarelas'

  • La decisión de abrir esas nuevas diligencias fue recurrida por la defensa del presidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, que alegó que el proceso se estaba convirtiendo en un «juicio inquisitorial»

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado una resolución en la que avala la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, quien en mayo del año pasado ordenó desgajar una pieza del 'caso Auditorio', con la que pretendía que se investigaran supuestas irregularidades cometidas en la contratación de unas obras de acondicionamiento de varios puentes, situados sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras. A esa nueva investigación, que fue a caer por las normas de reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, se le vino a dar el nombre de 'caso Pasarelas'.

La decisión de abrir esas nuevas diligencias fue recurrida por la defensa del presidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, que alegó que el proceso se estaba convirtiendo en un «juicio inquisitorial», además de señalar que las posibles irregularidades que se habrían cometido solo tenían «una proyección administrativa, y en ningún caso penal». Esto es, que se trataría de meros fallos o errores administrativos, pero de nada que pudiera calificarse como delito.

Lejos de ello, la Audiencia respalda la decisión de la magistrada y afirma, en la misma línea que la Fiscalía y que la acusación particular que representa a Podemos, que existen indicios de que se contrató a un determinado despacho de arquitectos burlando la libre concurrencia. A ello se une que los trabajos se abonaron con un aparente fraccionamiento intencionado de las facturas, con el fin de hacerlas pasar por un contrato menor.

Estas diligencias fueron recientemente archivadas, al haber transcurrido seis meses sin haber practicado prueba alguna, pero la Fiscalía ha presentado recurso para tratar de reabrirlas.

Cinco facturas

En su auto, Andreo sostenía que era preciso investigar si se fraccionó el importe del proyecto en cinco facturas, con el objetivo de evitar la concurrencia pública. En concreto, el 3 de julio de 2006 se otorgó un contrato menor de consultoría para redactar los estudios previos del acondicionamiento. El 15 de enero de 2007, el mismo despacho de arquitectura presentó una factura por la redacción del anteproyecto, mientras que el 15 de febrero de ese año Sánchez reconoció la obligación de abonar 12.000 euros por el proyecto básico. Además, presentó al Consistorio dos facturas más por la redacción del proyecto de ejecución y por la dirección de obras.