La Verdad

El presidente cree que «no cambia nada» y elude hablar de dimisión

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Pedro Antonio Sánchez, ayer, en el Palacio de San Esteban, al disponerse a iniciar su comparecencia ante los medios de comunicación. / Guillermo Carrión / AGM

  • Sánchez indica que «no se puede condenar lo que nunca existió», y actúa como si no se sintiera acorralado por la 'Púnica' y el 'caso Auditorio'

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Primero lo hizo con el 'caso Auditorio', y ahora con la 'Púnica'. El presidente de la Comunidad Autónoma volvió a comparecer ayer en el Palacio de San Esteban para señalar indirectamente que no piensa dimitir 'motu proprio' ante este nuevo envite judicial. A mediodía convocó a los periodistas con urgencia mientras corría como la pólvora el auto del juez Velasco, con la intención de dar la cara para que los ciudadanos «tengan la máxima información y conozcan mi opinión», que no fue otra cosa que decir que «no hay nada nuevo; no ha cambiado nada». En su breve intervención, indicó que el escrito judicial habla de supuestos y de hipótesis que se propone desmontar. «No se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió», recalcó.

A la pregunta de si se mantendrá en la presidencia de la Comunidad pese a este doble frente judicial, en el que puede verse imputado, contestó que aclarará cuanto sea necesario y que hay que dejar trabajar a la justicia. Consideró un futurible lo que vaya a hacer Ciudadanos si le exige cumplir el pacto para que dimita.

La línea de defensa de Sánchez es que existe más de una decena de certificados oficiales que acreditan que no hubo relación comercial entre la Consejería de Educación y las empresas investigadas. A su juicio, dicha documentación demuestra que «nunca se firmó, ni se acordó, ni se pactó, ni se pagó, ni se aceptó presupuesto» de las empresas de la 'trama Púnica' para mejorar su reputación. Reconoció que «se recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial», pero no se hizo nada. Añadió que la información detallada del juez sobre un supuesto contrato, donde se explica qué se iba a hacer en las redes sociales y su coste, corresponde a la propuesta que hizo la empresa «y que nunca se aceptó». En tercer lugar, Sánchez manifestó que en la Consejería de Educación y Cultura no existía ninguna partida de formación a la que cargar el supuesto contrato de 30.000 euros.

«No espero que la oposición me apoye; ni en esto, ni en cualquier tema», comentó. «Tenemos una oposición que en estas circunstancias ya sabemos lo que dice. No es agradable, pero vamos a trabajar para que no quede ninguna duda de que nada se hizo mal. Si este juez considera que hay que aclararlo más, nosotros vamos a colaborar para que así sea», insistió. Mostró sus dudas de que en este caso exista alguna responsabilidad penal.