La Verdad

Plomo en las alas

  • La complicada situación judicial de Pedro Antonio Sánchez llena de incertidumbre el futuro del Gobierno y del mismo PP, que dentro de un mes celebra el congreso regional. La dirección popular mantiene la hoja de ruta y no baraja alternativas por si su líder es imputado

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Poco le ha durado la alegría al PP murciano. Un día después de que concluyera el XVIII congreso nacional, del que salió más que satisfecho por la admisión de buena parte de sus propuestas y por el refuerzo de su presencia en los órganos nacionales de dirección, un nuevo auto judicial que pone en duda la actuación del secretario general y presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, viene a ensombrecer el panorama de la organización, que el 18 de marzo celebrará su XVI congreso regional.

Los populares recibieron más con enfado que con preocupación el escrito del juez Eloy Velasco, que atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por el 'caso Púnica' y pide a la Asamblea Regional que acredite su situación de aforado, con el fin de remitir posteriormente las diligencias al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que este decida si lo enjuicia o no.

Este nuevo revés judicial de Sánchez, sumado al sufrido hace diez días, cuando el TSJ decidió investigar su intervención en el 'caso Auditorio', tras analizar las diligencias remitidas por el juzgado de Lorca que lo instruyó y que apreció la comisión de cuatro delitos -prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación-, llena de interrogantes el futuro del Ejecutivo autónomo y del PP murciano, precisamente ahora que iba a afrontar la renovación de su cúpula directiva tras los 24 años de presidencia de Ramón Luis Valcárcel.

A pesar de ello, el partido no baraja alternativas a su líder, por si finalmente fuera imputado en alguno de los dos casos, y mantiene la hoja de ruta prevista: la Junta Directiva Regional aprobará esta tarde la convocatoria del congreso para el 18 de marzo, en el que Pedro Antonio Sánchez será elegido presidente regional de la formación. Sin embargo, por mucho que en el PP proclamen su certidumbre de que en el 'caso Púnica' no habrá imputación porque no se llegó a firmar ningún contrato ni se realizó ningún pago, y que el 'caso Auditorio', como mucho, es un simple error administrativo, su destino ya no está en sus manos, sino en las de los magistrados del TSJ.

Solución de emergencia

Por muy remota que crean que sea esta posibilidad, si Sánchez al final es imputado, debería dejar su cargo en el Gobierno y renunciar a presidir el PP voluntariamente -por coherencia con lo firmado y prometido- o involuntariamente -por una moción de censura, en el segundo de los casos-, lo que forzaría al partido a improvisar una traumática solución de emergencia para reemplazarlo.

De ahí que, a partir de ahora, el ritmo de trabajo del TSJ adquiera una inusitada importancia política, ya que cualquier pronunciamiento judicial puede marcar más profundamente el devenir del partido que lo que decidan sus órganos directivos.

La respuesta de la Asamblea al magistrado Velasco confirmando el aforamiento de Sánchez no se hará esperar, y tampoco tardará este en enviar la exposición razonada al TSJ sobre los indicios de delito apreciados en el 'caso Púnica'. Otra cosa bien distinta es el tiempo que tarde el máximo órgano judicial regional en pronunciarse al respecto, ya que no tiene plazo alguno para hacerlo.

A juzgar por los precedentes de los casos 'Auditorio' y 'Guardería', se lo pensará antes de decidir si asume la investigación, y, en el caso de que lo haga, antes que citar a declarar como investigados -antes imputados- a los aforados implicados, el primer paso que dará será pedir a las partes que se personen. Eso significa que muy probablemente el PP podrá celebrar su congreso regional, y Pedro Antonio Sánchez ser elegido su presidente, sin que el TSJ se haya pronunciado aún, para bien o para mal, sobre el 'caso Púnica'.

Tormenta política

Sin embargo, la tramitación del 'caso Auditorio' va más adelantada y el magistrado instructor podría citar en cualquier momento al presidente regional a declarar en calidad de investigado, lo que daría pie a la crisis política.

Ciudadanos, apoyo del PP desde el inicio de legislatura, reiteró ayer que pedirá la dimisión del presidente si es llamado a declarar como investigado, mientras que a PSOE y Podemos se les ha agotado la paciencia y, tras conocer el auto sobre el 'caso Púnica', exigen ya la renuncia de Pedro Antonio Sánchez. El Pleno del Parlamento autónomo debatirá abiertamente el jueves sobre la posible dimisión del jefe del Ejecutivo, al haberse admitido a trámite sendas preguntas de los tres grupos de la oposición sobre este asunto.

Fuentes del partido aseguraron ayer que la dirección nacional sigue confiando en Pedro Antonio Sánchez -ayer, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, le echó un capote- y en que los dos casos que le atosigan y lastran su gestión se resolverán a su favor. Lo cual está por ver.