La Verdad

El juez de 'Púnica' atribuye tres delitos a Sánchez, contra el criterio del fiscal

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Pedro Antonio Sánchez, este lunes, durante su comparecencia en San Esteban. / G. CARRIÓN / AGM

  • Sostiene que la trama «prestó» al presidente de Murcia «servicios de carácter particular a cambio de amañar futuros contratos públicos»

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Cohecho, fraude y revelación de información reservada constituyen el comprometido equipaje jurídico con el que el presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, podría encaminarse en unos días hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. Un destino que ya conoce, pues no en vano sería la tercera ocasión en que desembocara ante este órgano jurisdiccional por mor de presuntas ilegalidades en el desempeño de su actividad pública, pero que en esta ocasión alcanzaría recorriendo el sendero trazado por los integrantes de la denominada 'trama Púnica'. Una compañía que nadie, se dedique o no a la política, buscaría para semejante tránsito.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictó ayer un auto por el que viene a poner término a la instrucción de la 'Tercera Pieza Separada' del 'caso Púnica' y en el que expresa su decidida voluntad de remitir las diligencias al TSJ, debido a los indicios de tres supuestos delitos que habría apreciado en la actuación de Sánchez. En esa línea, Velasco ha solicitado ya de la Asamblea Regional que certifique que este político del PP disfruta de un especial aforamiento como jefe del Consejo de Gobierno y diputado regional.

Para anunciar su voluntad de elevar el caso al TSJ ni siquiera esperó a que la Fiscalía Anticorrupción se pronunciara -le pidió la semana pasada una valoración urgente-, lo que motivó que horas más tarde se conociera que el Ministerio Público no es partidario de perseguir a Sánchez por este asunto. Para mantener esa postura se apoya en que el alto cargo popular no llegó a firmar contrato alguno con los miembros de la supuesta trama y, consecuentemente, que las arcas públicas no sufrieron perjuicio alguno.

Con todo, la postura de la Fiscalía no condiciona al magistrado instructor, que previsiblemente mantendrá su ya anunciada decisión de remitir una exposición razonada contra Sánchez por los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. De tal manera, será la Sala de lo Civil y de lo Penal la que decida si procede asumir la causa y citar a Sánchez como investigado -antes imputado- o, por el contrario, devolverla a la Audiencia Nacional por no apreciar delito en la actuación del aforado.

Lucha por el poder

El magistrado Velasco enmarca los hechos presuntamente delictivos que atribuye a Sánchez en la lucha por el poder que se desató durante la primavera de 2014, en la que tanto el entonces consejero de Educación como quien era su compañero de Consejo de Gobierno, el titular de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, aspiraban a suceder a Ramón Luis Valcárcel como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas.

En esta tesitura, «Sánchez temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación penal» -la derivada de una investigación por cohecho en la compra de su casa en Puerto Lumbreras, que acabó siendo archivada-, por lo que se planteó contratar «trabajos de reputación 'on line'», que ayudaran a mejorar la percepción que los ciudadanos y su propio partido tenían sobre su persona.

Para ello, presuntamente habría concertado esas labores con uno de los líderes de la 'trama Púnica', Alejandro de Pedro, por el precio de 4.600 euros al mes. En esa tarifa se incluiría la inclusión de noticias favorables a Sánchez en periódicos digitales de la supuesta organización delictiva, la creación de un portal educativo y la contratación de un periodista. Además, siempre según el instructor, en ese precio estaban contenidos los trabajos de reputación que se estaban haciendo a la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que ya no tendría que haber seguido cargándolos presuntamente a los fondos de su municipio.

El acuerdo, que el presidente habría acabado cerrando a través de un miembro de su gabinete, David Conesa, se extendía durante un plazo de siete meses, desde noviembre de 2014 a mayo de 2015, «exactamente el periodo previo a la campaña electoral». Si no se llegaron a desembolsar esos fondos fue solo debido «a que explotó la operación policial y judicial de esta llamada 'Operación Púbica', a finales de octubre de 2014, que lo abortó».

No por haber dejado de consumarse esos presuntos planes evita considerar el magistrado Velasco que los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada se cometieron. Al contrario, sostiene que Sánchez incurrió en cohecho porque «se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal de reputación 'online' a cambio de amañar futuros contratos públicos, en materia de formación, en su Consejería de Educación»; que cometió un presunto fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro el amaño de contratos de formación, tendentes a sufragar con dinero público lo que en realidad eran trabajos reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia» y, por último, que desveló información reservada «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontrativa que no podía desvelar».

Por todo ello se muestra decidido a remitir el asunto al TSJ, que será el que determine si esos indicios son suficientes para asumir las diligencias e investigar al presidente murciano.