La Verdad

José Antonio Alonso se abraza a su hermano, en octubre de 2014, tras ser puesto en libertad.

José Antonio Alonso se abraza a su hermano, en octubre de 2014, tras ser puesto en libertad. / EFE

«La candidatura a la presidencia estaba en disputa y era importante la reputación»

  • El juez de 'Púnica' cree que Alonso y su socio De Pedro se aprovecharon de las aspiraciones políticas de Ruiz y Sánchez para venderles sus trabajos de mejora de imagen

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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron esta presunta trama de corrupción decidieron bautizarla como 'Púnica', por ser el término latino de 'granada' (en honor a Francisco Granados, uno de los principales cabecillas). Pero bien podrían haberla llamado 'Dictum', por 'limpieza', en el idioma de la Antigua Roma. Y es que si de algo presumían el administrador de las empresas Madiva y Eico On Line, Alejandro de Pedro, y su «socio, asesor y consultor» José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena, era de que nadie lavaba más limpio en lo referente a reputaciones y promoción de la imagen personal en internet y las redes sociales.

EN CONTEXTO

Básicamente, señala el magistrado Eloy Velasco en el auto notificado ayer, estas empresas estaban especializadas en «posicionamientos SEO en internet» y en la elaboración de «estrategias de comunicación positiva», para lo cual se dedicaban a generar noticias favorables sobre determinados políticos, que luego difundían a través «de una nutrida red de diarios locales, principalmente digitales».

GRÁFICO

  • 'Caso Púnica': quién es quién

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Quienes se encargaban de esas labores era el informático De Pedro y los miembros de su equipo, mientras que las labores de captación de los clientes recaían en apariencia en José Antonio Alonso, con una nutrida agenda de contactos. Es así, presuntamente, como en la primavera de 2014, consciente de que «la candidatura a la presidencia de Murcia se encontraba en disputa, no existiendo un candidato en firme y pudiendo ser muy importante un buen posicionamiento en las redes sociales y una buena reputación para quienes se postularan», llegó a la conclusión de que bien podría proponer esos servicios a los dos consejeros que en esos momentos sonaban como posibles relevos de Ramón Luis Valcárcel: el titular de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, y el de Educación, Pedro Antonio Sánchez.

Un buen contacto en el gabinete

Compañeros de Consistorio

Velasco desvela que Alonso entró en contacto con quien en ese momento era jefe del gabinete de Ruiz, Fidel Saura, con quien había coincidido en el Ayuntamiento de Cartagena: Alonso como concejal socialista, y Saura, como edil del PP. «Ambos urdieron la idea de mejorar la situación política del consejero de Industria (...), a quien trasladaron la idea, de cara a posicionarlo frente al electorado y al partido, y nunca para destacar su papel institucional». Según el magistrado, Ruiz «aceptó» la propuesta, por lo que «se iniciaron conversaciones para contratar al socio de aquel (Alonso), Alejandro de Pedro (...), para que realizara una estrategia de comunicación positiva y mejorar su reputación personal en internet y las redes sociales, incluso al precio de generar usuarios ficticios que no dudó en usar».

Para sufragar esas tareas, «se articularon sendos procedimientos de contratación pública a través de las direcciones generales de Turismo y de Fomento (Info), cuyas directoras lideraron, estando al tanto del operativo y de la ilicitud de sus acciones». Y ello «con el fin de favorecer los intereses personales políticos, tanto del alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, como los del consejero Juan Carlos Ruiz».

Británicos para el Mar Menor

Plan de comunicación digital

Con ese supuesto fin, siempre según Velasco, la entonces directora general de Turismo, Mariola Martínez, se habría puesto en contacto con el secretario general de la Consejería, Jesús Norberto Galindo, «para que articulase un procedimiento de contratación pública que, vulnerando sistemáticamente los principios de transparencia, concurrencia competitiva e igualdad, permitiese que finalmente fuera adjudicataria la sociedad Madiva». El contrato, que el juez no duda en calificar de «amañado», buscaba en apariencia «dar visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia para los visitantes del Reino Unido», aunque el instructor sostiene que «el único propósito real era sufragar la reputación personal en internet del consejero Ruiz».

Para ello, se presentaron tres ofertas de empresas vinculadas a De Pedro y Alonso, «tratando de aparentar una concurrencia ficticia», y acabó adjudicándose el contrato Madiva Editorial. Habría sido Mariola Martínez quien, según el juez, impuso que en la cuantía del contrato se incluyera además la creación de un diario digital en Molina de Segura, presuntamente para favorecer la imagen del alcalde Contreras.

Marketing digital para el Info

Presupuesto de 50.000 euros

Mientras se amañaba supuestamente un contrato en Turismo, desde el Instituto de Fomento (Info) se preparaba con los supuestos líderes de la 'trama Púnica' otro contrato, este bajo el concepto de 'Reposicionamiento de la marca Info', con «una propuesta de creación y desarrollo de una estrategia de marketing digital» para ese organismo. El proyecto, con el que supuestamente se trataba de camuflar la obtención de fondos públicos para sufragar los trabajos de reputación en favor del consejero Ruiz, fue idea de Fidel Saura y José Antonio Alonso, según el juez Velasco, simplemente para evitar que el importe «abultara demasiado» si solo se cargaba a Turismo.

La propuesta, que incluía la creación de diarios digitales en Murcia, Lorca y Cieza, fue «canalizada a través de la directora del Info, Reyes Samper, quien articuló, connivente, un procedimiento de contratación negociada». De Pedro presupuestó los servicios en 50.000 euros y habría sido «contratado irregularmente por la Consejería para favorecer, entre otros, los intereses personales de carácter exclusivamente político de Juan Carlos Ruiz». Una labor que, insiste el instructor, se iba a «sufragar con dinero público».

Junto con Pilar Barreiro

Con cargo a formación

Similares ofertas de limpieza de imagen habría presentado la supuesta trama al entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, con un coste que se habría acordado cargar a los fondos de formación de ese departamento. En esas tareas de reputación se iba a incluir a la alcaldesa Pilar Barreiro, todo ello al precio de 4.600 euros mensuales. El magistrado señala que Sánchez «temía por las consecuencias en su estima que tendría una posible imputación penal».