La Verdad
Pilar Barreiro.
Pilar Barreiro. / A. Gil/AGM

Barreiro se encamina hacia el Supremo de la mano de Alonso

  • El instructor aprecia en la exalcaldesa delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada

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La «honda preocupación reputacional» que Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena, sentía por las consecuencias que para su imagen estaba teniendo el 'caso Novo Carthago' habría sido lo que acabó echándola en manos de varios presuntos líderes de la 'trama Púnica', entre ellos su buen amigo José Antonio Alonso, ex primer edil socialista de la ciudad portuaria.

Así lo indica el magistrado Eloy Velasco en el auto que ayer notificó a las distintas partes del 'caso Púnica', que sostiene que la hoy senadora del PP habría contratado los servicios de mejora de su imagen con el socio de Alonso, Alejandro de Pedro, y que habría abonado 4.840 euros por los trabajos realizados de junio a septiembre de 2014. Un dinero que, presuntamente, se cargó a las arcas públicas de Cartagena, facturado como 'Campaña de publicidad Turismo Cartagena 2014' y que habría sido ilícitamente «fraccionado y abonado a través de dos empresas diferentes para eludir los controles de la intervención municipal».

Esos trabajos de reputación 'on line' habrían consistido en apariencia en la creación de un periódico digital, cartagenanoticias.es, con el propósito de publicar exclusivamente noticias favorables a la imagen de Barreiro. Esos 4.840 euros constituyeron, en palabras del magistrado, «un gasto indebido, sin formalizar ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular».

A posteriori, sin embargo, se habría decidido por parte de los miembros de la 'trama Púnica' ampliar el servicio que se prestaba a Barreiro, aunque con la voluntad de incluir los costes, de forma conjunta, en la labor de reputación que se iba a realizar para el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez. El precio total se habría fijado en 4.600 euros mensuales, que supuestamente se iban a cargar a unos fondos de formación.

El juez Velasco recuerda en su resolución la «relación personal cercana» que Barreiro mantiene desde hace años con José Antonio Alonso, cuya amistad íntima nunca han negado. En esa línea, el instructor rememora que cuando Alonso fue detenido por esta operación, en octubre de 2014, se le intervino una tarjeta Visa a nombre de Pilar Barreiro, expedida por el Congreso de los Diputados. Una tarjeta «intrasferible y de la que aquel no era autorizado».

La Fiscalía, en el informe remitido al juzgado, aprecia en la actual senadora delitos de falsedad, prevaricación y malversación y pide que se envía la causa al Supremo.

Barreiro defendió ayer que su actuación fue «intachable» y «siempre bajo la legalidad. Estoy a disposición de la Justicia y confío en que esto se aclare cuanto antes», indicó, para quejarse seguidamente de la «justicia paralela» y de las condenas «a la pena de telediario».