La Verdad

'Caso Púnica': quién es quién

    • Relación de señalados por el juez Velasco en la supuesta trama de corrupción

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    Pedro Antonio Sánchez

    El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria en el 'caso Púnica' al actual presidente de la Comunidad y exconsejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para formación en la Consejería, en realidad, trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia»-, cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional 'online', a cambio de amañar futuros contratos públicos en materia de formación en su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, según se desprende del auto del magistrado.

    Pilar Barreiro Álvarez

    El magistrado Velasco atribuye a la exalcaldesa de Cartagena los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación»-, malversación de caudales públicos -«por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos-, cohecho -«se le ofertan y prestan servivios de carácter particular y personal como son: la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesaria publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

    Juan Carlos Ruiz López

    El que fuera consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería que dirige»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO del Instituto de Fomento, ambos de su Consejería, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal alejados del interés común, mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

    Fidel Saura Guerrero

    El exjefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos de la Consejería abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo contratos públicos que remunerase en la reputación 'online' de su consejero»-, revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a permitir la distracción posterior de caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería».

    Mariola Martínez Robles

    La que fuera directora general de Turismo de la Región de Murcia está siendo investigada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del Instituto de Turismo abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación online de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal, tanto de su consejero como del alcalde de Molina de Segura, donde fue concejal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

    Reyes Samper Henarejos

    La ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) está imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del INFO, abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación 'online' de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado al reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a realizar la concreta actividad ejecutiva, estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal de su consejero alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

    Jesús Norberto Galindo Sánchez

    El ex secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es otro de los investigados en el 'caso Púnica'. El juez Velasco le atribuye los presuntos delitos de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común»-.

    Eduardo Contreras Linares

    El exalcalde de Molina de Segura está imputado en el 'caso Púnica' por supuestos delitos de fraude -concertación con los anteriores coooperando necesariamente en la materialización de la concreta ilícita actividad ejecutiva (de la que estaba al tanto y compartía), tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajo de reputación digital de carácter personal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato en la Dirección General de Turismo de la Región de Murcia»- y cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

    Marta García Rivas

    Imputada por supuesto fraude -«concertación con los anteriores para realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal del alcalde de Molina de Segura, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato público redundante e innecesario y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

    Francisco de Asís Ferreño García

    El que fuera jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cartagena está siendo investigado en el 'caso Púnica' por fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, revelación de infomación reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución conducentes a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

    María del Mar Conesa Marchán

    La que fuera asesora de la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular durante meses»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

    David Conesa Ferrer

    El actual asesor del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que fue asesor del mismo en su etapa al frente de la Consejería de Educación, está imputado en el 'caso Púnica' por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación, siendo funcionario, cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería»- y de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-.

    José Antonio Alonso Conesa

    El exalcalde socialista de Cartagena y socio de Alejandro de Pedro es, según el auto del juez Velasco, «el conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a De Pedro». El magistrado le imputa los presuntos delitos de fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-, cohecho -«ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que les son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio Alejando de Pedro y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, malversación de caudales públicos -«participar como ‘extranei’ cooperador necesario en la distracción de caudales públicos para fines particulares realizando asesoramiento e influencia política o creando diario digital servido por un periodista»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos».

    Alejandro de Pedro Llorca

    El juez Velasco imputa al administrador de hecho de la mercantil Madiva Editorial y Publicidad S.L. los supuestos delitos de malversación de caudales públicos -«por realizar, a través de empresas a él vinculadas, trabajos particulares reputacionales de Eduardo Contreras Linares, Pilar Barreiro Álvarez, Pedro Antonio Sánchez López y Juan Carlos Ruiz López»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación y de publicidad en el Ayuntamiento de Cartagena»-, cohecho -«oferta y presta servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que le son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado o mediante la adjudicación de innecesarios e hinchados contratos públicos en las Consejerías»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio José Antonio Alonso Conesa y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos»-.

    Adrián de Pedro Llorca

    El hermano de Alejandro de Pedro y responsable de los trabajos informáticos de la empresa era, según se desprende del auto del juez Velasco, conocedor de las gestiones para conseguir contratos en la administración pública murciana y director de los concretos trabajos reputacionales. El magistrado que instruye la presunta trama de corrupción le imputa los supuestos delitos de malversación de caudales públicos -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado de Alejandro de Pedro, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular que él dirigía con los empleados de la empresa»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a su hermano Alejandro de Pedro Llorca y el socio de éste, José Antonio Alonso Conesa, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo, fue realizando los trabajos reputacionales 'online' que necesitaban para que su hermano y socio pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas y crear la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar como persona no funcionaria información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, fraude -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado, recavando información y documentación de diversas administraciones públicas murcianas que concertaba su hermano con cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares que él dirigía y confeccionaba, les adjudicaran contratos públicos»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos»-.

    Agustín Alonso Conesa

    Al hermano del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, se le atribuyen los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado de su hermano para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a Alejandro de Pedro Llorca y su socio José Antonio Alonso Conesa, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»- y fraude -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado, aportando una oferta empresarial amañada con su firma con rúbrica irreal para posibilitar la apariencia de concurrencia pública en un proceso negociado sin publicidad entre otro empleador suyo, Alejandro de Pedro y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que a cambio de trabajos reputacionales en Internet particulares se les adjudicaran contratos públicos»-.

    Vicente Gimeno Quiles

    El magistrado Velasco le imputa los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado de José Antonio Alonso Conesa, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo, fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»- y fraude -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado, aportando una oferta empresarial amañada con su firma para posibilitar la apariencia de concurrencia pública en un proceso negociado sin publicidad entre otro empleador suyo, Alejandro de Pedro, y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares se les adjudicaran contratos públicos»-.

    Francisco Javier Bueno González

    Al director comercial de Madiva Editorial y Publicidad S.L. se le imputan los supuestos delitos de malversación de caudales públicos -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado de Alejandro de Pedro, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y su socio Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»- y fraude -«cooperador necesario realizando labores ejecutivas, como subordinado, acudiendo a diversas administraciones públicas murcianas a recavar información y crear documentación concertada entre su empleador Alejandro de Pedro y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que, a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares, les adjudicaran contratos públicos»-.

    Esther Gutiérrez Martínez

    El juez Velasco atribuye a la secretaria particular de José Antonio Alonso Conesa los presuntos delitos de fraude -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada, presentando en el registro púbilco para ante el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, tres sobres con las ofertas con que su jefe, socio de Alejandro de Pedro Llorca, se había concertado con la Administración Pública, pactando la adjudicación de contratos públicos a cambio de realizar trabajos particulares de reputación 'online'»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo, fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»- y malversación de caudales públicos -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada de José Antonio Alonso, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»-.

    María José Gutiérrez Martínez

    Está imputada en el 'caso Púnica' por un supuesto delito de fraude -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada, ayudando ante las diversas administraciones públicas murcianas a intercambiar y confeccionar información y documentación concertada entre su empleador, Alejandro de Pedro, y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que, a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares, les adjudicaran contratos públicos»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y su socio Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»- aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, malversación de caudales públicos -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas como subordinada de Alejandro de Pedro para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos»-.

    Guadalupe Caballero Carrascosa

    Imputada por supuesto delito de fraude -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada, ayudando ante las diversas administraciones públicas murcianas a intercambiar y confeccionar información y documentación concertada entre su empleador, Alejandro de Pedro, y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que, a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares, les adjudicaran contratos públicos»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y su socio Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo, fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, malversación de caudales públicos -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada de Alejandro de Pedro, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posteiror minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos»-.

    Sara Gargallo Rico

    Imputada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de fraude -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada, ayudando ante las diversas administraciones públicas murcianas a intercambiar y confeccionar información y documentación concertada entre su empleador, Alejandro de Pedro, y cargos de la Administración Pública, con la que facilitar que, a cambio de trabajos reputacionales en internet particulares, les adjudicaran contratos públicos»-, pertenencia a organización criminal -«junto con mandos y empleados de las empresas vinculadas a De Pedro y su socio Alonso, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo, fue realizando parte de los trabajos ejecutivos que necesitaban para que aquellos pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona no funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, malversación de caudales públicos -«cooperadora necesaria realizando labores ejecutivas, como subordinada de Alejandro de Pedro, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos»-.