La Fiscalía se opone a investigar a Sánchez porque no llegó a contratar con la trama

La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes un informe ante el instructor del caso 'Púnica' en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación 'online'. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.

Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su caso, considera que se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.

La línea «tenue» entre la institución y la reputación

Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.

Anticorrupción hace una valoración diferente respecto del otro aforado, Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se produjo perjuicio alguno para las arcas públicas, según detalló el Ministerio Público en una nota de prensa.

En un auto dado a conocer este lunes, Eloy Velasco acordó formación de la pieza III de la "Operación Púnica" relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

La presunta actividad criminal del presidente murciano sería según el juez por supuestamente concertarse en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.

Indicios contra Barreiro

En el caso de Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como los honorarios de un periodista y la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables.

El auto del juez Velasco detalla que siendo Barreiro alcaldesa de Cartagena "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado 'caso Novo Cartago', por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez.

El auto también señala que a uno de los empresarios vinculados a De Pedro para estos trabajos y también investigado en esta causa, José Antonio Alonso Conesa, se le intervino en el momento de su detención una tarjeta de crédito Visa a nombre de Barreiro del Congreso de los Diputados, "demostrando la estrecha relación" entre ambos según el juez.

Además de contra ambos aforados el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El resto de investigados son la exdirectora general del Instituto de Turismo Mariola Martínez Robles, el secretario general de la Consejería Jesús Norberto Galindo Sánchez, el socio de De Pedro José Antonio Alonso Conesa, el exjefe de Gabinete del Consejero de Industria Fidel Saura, y varias personas vinculadas al empresario De Pedro como Sara Gargallo Rico, Francisco Javier Bueno, María José Gutiérrez Martínez 'Ajo', Guadalupe Caballero Carrascosa, Adrián de Pedro y Esther Gutiérrez Martínez.

También se dirige contra que era entonces directora del instituto de Fomento de la región de Murcia, Reyes Samper Henarejos. El resto de citados en el auto del juez Son Francisco de Asis Ferrero, María del Mar y David Conesa, Agustín Alonso Conesa y Vicente Gimeno Martínez.